El Gobierno de Ecuador presentó el Programa de Participación y Construcción de Capacidades para la Transparencia Climática en el Ecuador, una iniciativa liderada por el Ministerio del Ambiente y Energía (MAE) que integrará de manera transversal el enfoque de género en la política climática nacional y que capacitará a 1.000 actores a escala nacional hasta 2029.
El programa busca fortalecer la transparencia climática y mejorar la toma de decisiones frente al cambio climático, mediante la articulación de actores públicos, académicos y territoriales desde la planificación hasta la ejecución de acciones climáticas, promoviendo la rendición de cuentas y decisiones basadas en evidencia.
La iniciativa se desarrolla en el marco de un Convenio de Cooperación Técnica Interinstitucional con la Universidad del Azuay (UDA) y cuenta con el acompañamiento técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). La ejecución estará a cargo de la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) y el financiamiento proviene del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).
Durante la presentación del programa participaron más de 475 asistentes, entre estudiantes, investigadores, representantes universitarios, autoridades locales y funcionarios públicos, consolidando un espacio de articulación interinstitucional para el fortalecimiento de la gobernanza ambiental.
El MAE destacó que el programa incorpora estándares pedagógicos diferenciados y enfoques transversales de género, interculturalidad e intergeneracionalidad, adaptados a los distintos actores que forman parte del Registro Nacional de Cambio Climático, con el objetivo de garantizar una transferencia efectiva de conocimientos y el desarrollo de capacidades prácticas.
La viceministra de Ambiente y Marino Costero, Alicia Jaramillo, señaló que la academia es un socio estratégico del Estado para la formación de talento humano, la generación de conocimiento aplicado y la sostenibilidad de los procesos técnicos que demanda la acción climática.
Con esta iniciativa, el Gobierno reafirma su rol como ente rector de la política climática nacional, impulsando procesos participativos y transparentes orientados al desarrollo sostenible y al cumplimiento de los compromisos climáticos internacionales asumidos por el país.
