El Contralor General del Estado, Mauricio Torres, informó ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional los resultados de los controles patrimoniales aplicados a la Función Judicial.
Desde el 29 de noviembre de 2023, la Contraloría aprobó 110 informes de exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales juradas de fiscales, jueces y funcionarios judiciales. De estos, 59 informes, es decir, más del 50%, presentan indicios de responsabilidad penal por inconsistencias entre activos y pasivos declarados.
Durante su comparecencia el lunes 7 de julio de 2025, Torres destacó que actualmente están en marcha 60 acciones de control adicionales y en el segundo semestre del año se iniciarán siete exámenes más. Estas acciones refuerzan el compromiso de la Contraloría en detectar posibles irregularidades en el patrimonio de los servidores públicos.
Provincias intervenidas
En el Consejo de la Judicatura se realizaron 8 auditorías, generando 57 informes con indicios de responsabilidad penal. Actualmente, en esta entidad se ejecutan 36 controles adicionales y se prevé iniciar seis más en los próximos meses. Las provincias intervenidas incluyen Azuay, Galápagos, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Zamora Chinchipe.
El Contralor también informó que, desde el inicio de su administración en noviembre de 2023, la Contraloría aprobó 134 informes de exámenes a declaraciones patrimoniales de servidores públicos de distintas instituciones, entre ellos funcionarios de la Asamblea Nacional, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Gobierno Central, gobiernos autónomos descentralizados, empresas públicas estratégicas y la misma Contraloría. De estos exámenes, 45 informes contienen indicios de responsabilidad penal. Además, hay 161 exámenes en ejecución y 16 auditorías planificadas para este año.
Torres explicó que la planificación de los controles a las declaraciones patrimoniales se basa en procedimientos de análisis de datos y aprendizaje automático. Este sistema permite detectar patrones inusuales en la información sobre activos, pasivos, cuentas bancarias, inversiones y bienes de los servidores públicos. Para garantizar la transparencia, los nombres y cédulas de los funcionarios se enmascaran durante el análisis, eliminando así cualquier discrecionalidad en la selección de los casos a examinar.
