El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que una empresa pública municipal de Guayaquil habría sido utilizada para instalar una estructura tecnológica destinada a actividades de monitoreo ajenas a los fines de seguridad ciudadana.
A través de una publicación en su cuenta de X, el funcionario señaló que recursos financiados con fondos públicos habrían sido empleados para la implementación de una denominada “sala espejo” dentro de dependencias municipales durante noviembre de 2024.
Reimberg apunta a exautoridades de Segura EP
Según la denuncia realizada por el ministro, la instalación de esta infraestructura se habría efectuado con la autorización de Fernando Cornejo, quien en ese momento presidía el Directorio de Segura EP.
Reimberg afirmó que la solicitud para habilitar la sala fue realizada de manera formal mediante un correo electrónico institucional. Además, sostuvo que la decisión se tomó mientras Guayaquil enfrentaba diversos desafíos relacionados con la seguridad.
El titular de la cartera de Estado también vinculó a Cornejo con el alcalde Aquiles Álvarez y con el expresidente Rafael Correa, señalando que existía una relación política entre ellos.
Acceso a sistemas de videovigilancia
De acuerdo con la información difundida por el ministro, la infraestructura habría contado con acceso a sistemas de videovigilancia mediante un enlace privado de datos implementado en 2024.
Reimberg indicó que la operación se realizaba a través de varias plataformas tecnológicas, una de las cuales tendría relación con la empresa Telconet.
Asimismo, aseguró que los accesos fueron asignados a Franklin Asqui con privilegios de administrador. Según la denuncia, ese nivel de permisos permitía observar cámaras en tiempo real, controlar equipos de videovigilancia, consultar grabaciones almacenadas, instalar programas informáticos y acceder a información georreferenciada de la red de monitoreo.
En su pronunciamiento, el ministro manifestó que la situación más preocupante sería el supuesto uso de infraestructura financiada con recursos públicos para objetivos distintos a los establecidos en beneficio de la ciudadanía.
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