La Policía Nacional, mediante la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (UNASE), realizó seis intervenciones contra la extorsión y el secuestro extorsivo en Quito, Loja, Quevedo, Quinsaloma, Santa Rosa y Milagro. El ministro del Interior, John Reimberg, informó que las acciones dejaron 14 personas aprehendidas y una mujer de 40 años y su hija de seis años liberadas.
Según el funcionario, los resultados corresponden a los operativos Libertad 1110 al 1116, ejecutados para investigar distintos casos en los que las víctimas recibían amenazas y exigencias económicas.
Extorsiones con exigencias de hasta USD 15.000
En Quito, Loja y Quevedo, los agentes aprehendieron a personas presuntamente vinculadas con amenazas contra un taxista, un comerciante y otros ciudadanos. Las cantidades exigidas alcanzaban los USD 15.000.
En otro procedimiento en Quevedo, los investigadores identificaron a tres sospechosos que, según las indagaciones, estarían relacionados con la captación de dinero y la obtención de cuentas bancarias para recibir depósitos extorsivos.
En Santa Rosa, cinco personas —cuatro ecuatorianas y una venezolana— fueron aprehendidas por su presunta participación en un caso contra un ingeniero. Los implicados habrían ingresado a una hacienda en motocicletas, portado armas de fuego e intimidado a los trabajadores para exigir USD 5.000.
Durante las intervenciones, la Policía incautó teléfonos móviles, vehículos, motocicletas, armas de fuego, municiones y otros indicios que aportarán a las investigaciones.
Liberan a madre e hija secuestradas en Milagro
Uno de los casos ocurrió en Milagro, donde una mujer y su hija de seis años fueron secuestradas el 8 de octubre por cuatro sujetos armados que ingresaron a su domicilio. Los responsables exigían USD 6.000 a un familiar a cambio de liberarlas.
Las diligencias investigativas y las intervenciones de la UNASE permitieron localizar a ambas víctimas y ponerlas a buen recaudo bajo protección policial.
Reimberg señaló que los aprehendidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales para continuar con los respectivos procesos legales.
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