Los pagos con tarjetas de crédito, débito y prepago tendrán nuevas condiciones en Ecuador. La Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM) aprobó una regulación que incorpora cambios en precios, seguridad, atención al usuario y funcionamiento del sistema de pagos.
Uno de los principales cambios establece que los comercios deberán mantener el mismo precio cuando una persona pague con tarjeta o en efectivo. La disposición también se aplicará a promociones, rebajas y descuentos, por lo que los establecimientos no podrán añadir recargos únicamente por utilizar una tarjeta.
La normativa también dispone que los establecimientos, mediante los adquirentes, acepten tarjetas de diferentes emisores y marcas. Además, incorpora expresamente las tarjetas físicas y virtuales dentro de las operaciones reguladas.
Tarjetas físicas ya no deberán mostrar datos sensibles
La regulación refuerza las medidas de seguridad para los usuarios. Las nuevas tarjetas físicas deberán emitirse sin información sensible impresa, como el número de tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad CVV.
Para las compras por internet, las entidades deberán implementar mecanismos adicionales de verificación de identidad sin cobrar por este servicio al tarjetahabiente.
Los emisores también tendrán que enviar notificaciones gratuitas y en tiempo real sobre las operaciones contempladas en la norma. Además, deberán ofrecer mecanismos inmediatos para bloquear tarjetas y mantener canales de atención disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.
La normativa también delimita responsabilidades frente a determinados fraudes. Las entidades deberán reintegrar valores cuando existan consumos posteriores al reporte de pérdida o robo de una tarjeta, así como en operaciones originadas por fallas de seguridad institucionales, siempre bajo las condiciones previstas en la regulación.
Nuevas empresas podrán participar en los pagos con tarjeta
Otro de los cambios incorpora la denominada adquirencia no financiera. Esta figura permitirá que empresas que no sean entidades financieras presten servicios para que los comercios reciban pagos con tarjeta, siempre que obtengan autorización del Banco Central del Ecuador.
Estas compañías deberán contar con un capital mínimo de USD 500.000. La norma también establece requisitos para los agregadores de pago, empresas tecnológicas que conectan a los comercios con quienes procesan sus cobros. En este caso, deberán acreditar un capital mínimo de USD 250.000. Las compañías que ya operan tendrán un año para cumplir esta exigencia.
Además, los adquirentes tendrán un máximo de cinco días hábiles para entregar a los establecimientos los valores correspondientes a ventas corrientes realizadas con tarjetas.
En materia de crédito, la regulación también busca transparentar los costos de los consumos corrientes y diferidos y las reglas para calcular los intereses. La norma mantiene expresamente la prohibición de cobrar intereses sobre intereses.
La Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y el Banco Central tendrán seis meses para adecuar sus regulaciones e implementar las nuevas disposiciones.
