Doce personas, presuntas implicadas en un secuestro extorsivo, fueron detenidas durante el operativo denominado ‘Libertad 146’, ejecutado por la Policía Nacional en localidades de tres provincias del país, informó el Ministerio del Interior.
El secuestro ocurrió el 13 de octubre de 2024, a C. Escudero, director provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El hecho fue reivindicado por el Frente 30, una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Las capturas se realizaron en un operativo simultáneo en Quito (Pichincha), Tulcán (Carchi) y Arenillas (El Oro), localidades estratégicas por su cercanía con las fronteras de Colombia y Perú.
Durante el operativo, las autoridades confiscaron 12 terminales móviles, cuyos datos serán analizados para obtener más información sobre la organización criminal involucrada.
Antecedentes
El secuestro fue denunciado el 13 de octubre de 2024 por la familia de Escudero, quien entonces dirigía el IESS en Loja. Los captores exigían un rescate de USD 500 mil para su liberación.
Tras casi tres semanas de cautiverio, el funcionario fue liberado sano y salvo el 4 de noviembre.
Detención de extranjeros con orden de extradición
En otro caso, la Policía Nacional informó que, en cooperación con la Interpol, se efectuó la localización de Omar A. alias ‘Llanero’, y de Nirama Ch. alias ‘Nirama’, quienes tienen un proceso de extradición a los Estados Unidos y son considerados objetivos de alto valor en Colombia.
«Los detenidos son figuras clave en el narcotráfico a gran escala. Su estructura criminal abastecía de drogas a mercados internacionales de Centroamérica, México y Estados Unidos», dice el reporte policial.
Uno de los detenidos estaría vinculado al Frente 48 de las FARC en el manejo de cultivos ilícitos y laboratorios en la frontera entre Colombia y Ecuador, añade la nota de la Policía.
Lucha contra el crimen organizado
Desde inicios de 2024, Ecuador se encuentra bajo un estado de «conflicto armado interno», declarado por el presidente Daniel Noboa como respuesta a la escalada de violencia generada por el crimen organizado.
Para combatir estas amenazas, el Gobierno ha implementado estados de excepción, permitiendo la militarización de cárceles y el despliegue de las Fuerzas Armadas en zonas de alto riesgo. Esta estrategia busca debilitar a las bandas criminales y garantizar la seguridad de la población ecuatoriana.
