Este viernes, 27 de septiembre de 2024, personal de la Policía Nacional y de la Fiscalía se presentaron en las instalaciones de la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP), ubicada en el norte de la ciudad. La acción se llevó a cabo desde el mediodía, como respuesta a una denuncia hecha por Ana María Ayala, directora general del Servicio Integrado de Seguridad Ecu 911, quien indicó que Segura EP había bloqueado el acceso a 16,000 cámaras de videovigilancia en Guayaquil.
Ayala explicó que, conforme al Decreto Ejecutivo 397, emitido por el presidente Daniel Noboa, todas las cámaras de videovigilancia operadas por diferentes entidades, incluidas prefecturas y municipalidades, deben ser transferidas al control del Ecu 911. Este decreto tiene como finalidad reforzar la seguridad pública y asegurar una respuesta rápida ante emergencias.
En una conferencia de prensa realizada en Quito, Ayala denunció: «En Guayaquil nos han bloqueado el acceso a 16,000 cámaras, por lo cual hemos interpuesto la acción judicial pertinente ante Fiscalía. Necesitamos un organismo articulado que controle la seguridad pública y, por ende, el bienestar de los ciudadanos.» La directora del Ecu 911 subrayó que este organismo es el único autorizado para la atención de llamadas y la coordinación del despacho de recursos durante situaciones de emergencia.
Además, las autoridades militares también se han manifestado al respecto. Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y Fausto Buenaño, comandante general subrogante de la Policía Nacional, solicitaron al Municipio de Guayaquil que facilite el manejo de las cámaras al Ecu 911. Esta medida forma parte de una estrategia integral conocida como el Bloque de Seguridad, destinada a mejorar la lucha contra el crimen organizado y a fortalecer la seguridad en la ciudad.
El 25 de septiembre, el Ecu 911 emitió las resoluciones 006, 007 y 008, que refuerzan su papel como el organismo encargado de regular, coordinar y prestar servicios de emergencia y videovigilancia. Estas resoluciones son de cumplimiento obligatorio y buscan garantizar que la atención de llamadas y la gestión de emergencias se realicen de manera eficiente, sin intermediarios.
Las resoluciones fueron comunicadas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) para que procedan con la reubicación inmediata del personal de las entidades municipales que colaboran en los centros de monitoreo. De esta manera, el gobierno busca unificar los esfuerzos existentes en el país para manejar la seguridad pública y mejorar la respuesta ante emergencias.
