Este miércoles 21 de mayo de 2025, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional llevó a cabo una sesión clave para debatir el proyecto de la «Ley de Solidaridad Nacional», calificado como urgente en materia económica.
La reunión contó con la presencia de destacadas figuras del Bloque de Seguridad: John Reimberg, ministro del Interior; Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa Nacional; el GraD. Pablo Dávila, Comandante General de la Policía Nacional; y el Almirante Jaime Vela, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quienes enfatizaron la necesidad imperante de esta legislación para la seguridad del Ecuador.
John Reimberg, ministro del Interior, fue enfático al señalar que la violencia que azota al país no es fortuita, sino que está «profundamente anclada en lógicas de poder económico ilícito». «Este no es un problema coyuntural», puntualizó Reimberg, reafirmando la decisión del gobierno de «seguir combatiendo las estructuras económicas criminales que financian el terror, la extorsión y el miedo».
Por su parte, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, destacó que la «Ley Solidaridad Nacional» es una «herramienta estratégica» enviada por el Presidente de la República. Su objetivo principal es «afectar y cortar el flujo económico que financia y sostiene la acción criminal de los grupos armados organizados», proporcionando al Estado mecanismos «claros y eficientes para reconstruir la seguridad nacional».
El GraD. Pablo Dávila, Comandante General de la Policía Nacional, recalcó la importancia de la ley al afirmar que, si bien la Comisión puede analizar datos e informes, «la única forma de ganar esta lucha es cortando el flujo del dinero que corrompe, asesina y nos ha hecho perder la confianza y la esperanza en nuestro país».
Finalmente, el Almirante Jaime Vela, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, manifestó que esta ley «reconoce y fortalece el trabajo firme y diario que el Bloque de Seguridad realiza en la lucha contra el crimen organizado». Además, anunció que se triplicarán los esfuerzos, especialmente en el combate a la minería ilegal, una de las principales fuentes de financiamiento criminal.
