Con ocho votos afirmativos, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa aprobó el informe para el segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, una iniciativa calificada como urgente en materia económica.
Este proyecto de ley busca consolidar la sostenibilidad ambiental y dinamizar el desarrollo económico local. Uno de los puntos clave es la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, un organismo técnico, autónomo y especializado, que regulará, controlará y sancionará las actividades en estas zonas, bajo la rectoría de la Autoridad Ambiental Nacional.
Entre los principales cambios se incluyen mejoras en el modelo de gestión, la administración de fideicomisos y la posibilidad de utilizar ingresos generados por actividades permitidas dentro de las áreas protegidas. Además, se fortalece la prohibición de actividades extractivas en todas las áreas protegidas, ampliando su alcance más allá de los territorios indígenas.
En materia de seguridad, se respetará el artículo 57 de la Constitución, restringiendo el ingreso militar a territorios indígenas salvo en casos excepcionales como la presencia de grupos armados organizados. También se establecen medidas para garantizar la participación activa de las comunidades locales y la protección de sus derechos colectivos.
Otro de los ejes estratégicos del proyecto es la profesionalización progresiva de los guardaparques, a través de programas de titulación técnica y tecnológica, priorizando la incorporación de personas con conocimientos ancestrales de las comunidades.
El proyecto también introduce beneficios tributarios. Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2025 el plazo para acogerse al régimen de remisión de deudas, se reduce el pago inicial al 10 % y se extienden los plazos de pago hasta 24 o 36 meses, según el monto adeudado. Quedan excluidos de este beneficio las autoridades electas, altos funcionarios y sus familiares directos.
Asimismo, se incluye una disposición reformatoria para armonizar esta ley con la reciente reforma a la Ley de Integridad Económica Urgente, garantizando coherencia normativa.
Valentina Centeno, presidenta de la Comisión, subrayó que este proyecto de ley representa una gran oportunidad para el país, al combinar sostenibilidad ambiental con desarrollo económico. «Este es un paso firme hacia la reactivación económica y el respeto al ambiente, elementos clave para el Ecuador que queremos construir», afirmó Centeno.
