Con ocho votos a favor, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, una iniciativa con carácter económico urgente enviada por el presidente Daniel Noboa Azín.
El texto, que se debe remitir al presidente del Parlamento para su inclusión en el orden del día del Pleno, propone una reforma integral que abarca más de una decena de leyes, incluyendo modificaciones sustanciales a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y a la Ley Orgánica del Servicio Público. La norma incorpora principios de integridad, responsabilidad institucional y profesionalismo en la gestión pública como ejes transversales para prevenir la corrupción.
Análisis del proyecto de Ley de Integridad Pública
Durante la sesión, la asesora Francisca Herdoiza explicó que el articulado incluye nuevas disposiciones como la tipificación del prevaricato para jueces y fiscales en el Código Orgánico Integral Penal, la transferencia de bienes policiales a la Universidad de Seguridad Ciudadana y la actualización obligatoria de manuales institucionales de talento humano. Además, se reformará la Ley Orgánica de Transporte en lo relativo al uso y recaudación de tecnologías para control de infracciones, asegurando que esos fondos serán únicamente para cubrir el funcionamiento de los equipos.
El asambleísta Sergio Peña argumentó que “no hay violación del principio de unidad de materia, ya que todos los cambios están enfocados en erradicar la corrupción y proteger a los ciudadanos vulnerables”. Por su parte, Diego Franco calificó la propuesta como “una ley profundamente humana que llega al corazón del problema de la corrupción enquistada en la función pública”.
Finalmente, Valentina Centeno, presidenta de la comisión, confirmó que el documento será entregado a la Presidencia de la Asamblea, “para que se convoque al segundo debate dentro de los plazos que establece la Ley de la Función Legislativa”. El país se prepara así para un debate clave en el fortalecimiento de la transparencia estatal.
