La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional inició este lunes una investigación sobre presuntas irregularidades en la actuación de operadores de justicia, en el contexto del conflicto interno que enfrenta el país. El foco está en las decisiones judiciales que habrían favorecido la liberación de miles de detenidos en flagrancia, lo que ha generado alarma por su impacto en la seguridad ciudadana.
Durante la sesión, comparecieron el ministro del Interior, John Reimberg, y el comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila Maldonado, quienes expusieron con cifras y casos concretos cómo ciertas resoluciones judiciales obstaculizan el combate contra el crimen organizado.
Más de 100 mil aprehendidos y 10 mil liberados con medidas sustitutivas
El ministro Reimberg informó que entre 2024 y 2025 se han ejecutado más de 900 operativos, que dejaron como resultado la aprehensión de 104 mil personas vinculadas al crimen organizado. Sin embargo, miles han sido liberadas o recibieron medidas sustitutivas a la prisión preventiva, incluso aquellos con múltiples detenciones por delitos similares.
“El sistema judicial permite que delincuentes capturados en flagrancia vuelvan a las calles. Esto debilita todo el esfuerzo del eje de seguridad”, advirtió Reimberg. Además, señaló que más de 800 policías deben destinarse a custodiar a personas con arresto domiciliario, lo que representa una carga adicional para la institución.
El ministro también criticó la lentitud con la que avanzan los procesos disciplinarios contra jueces denunciados por presuntas actuaciones irregulares: “Tenemos que esperar un año para saber qué ocurre con esas denuncias, mientras los delincuentes siguen libres. Los jueces están llamados a estar del lado correcto del país y de la historia”, enfatizó.
Por su parte, el comandante Pablo Dávila reafirmó que la Policía Nacional actúa con compromiso, pero enfrenta trabas judiciales que dificultan su labor. Indicó que el 60 % de los más de 25 mil detenidos en flagrancia ha recibido medidas sustitutivas. Muchos de ellos registran entre dos y cinco detenciones por las mismas causas.
Esta reincidencia, señaló, alimenta las cifras de violencia en el país. Además, criticó los plazos prolongados y la burocracia documental que se requiere para legalizar aprehensiones ante el sistema judicial. Dávila propuso revisar los procedimientos de calificación de flagrancia y los criterios para dictar medidas cautelares, con el objetivo de evitar la impunidad.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, aseguró que el proceso continuará hasta obtener resultados concretos que garanticen una administración de justicia eficaz y transparente, alineada con los intereses del pueblo ecuatoriano.
“La seguridad de los 18 millones de ecuatorianos también depende de un sistema judicial que funcione con responsabilidad y coherencia frente al delito”, puntualizó Álvarez.
