El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha expresado en un comunicado su enérgico rechazo a una medida cautelar emitida en Montecristi que abre la posibilidad de que aspirantes vinculados a la defensa de casos relacionados con delitos de crimen organizado, narcotráfico y mafias puedan postularse para el cargo de Fiscal General del Estado.
Esta acción jurisdiccional ha sido calificada como un abuso por parte del CPCCS, que advierte sobre los peligros de permitir que individuos que han estado involucrados en la defensa de procesados por delitos graves tengan acceso a cargos de alta relevancia, como el de la Fiscalía General.
Ante esta situación, el CPCCS ha anunciado que solicitará a la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Montecristi la revocatoria de dicha medida cautelar, la cual afecta al Reglamento del Concurso de Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Fiscalía General del Estado.
Acción de protección programada
El 29 de octubre de 2024, el CPCCS presentará sus argumentos constitucionales en una audiencia de acción de protección, donde defenderá el numeral 20 del artículo 22 del Reglamento que impide que aquellos que han defendido procesados por crímenes como «terrorismo, genocidio, narcotráfico, explotación sexual, trata de personas y otros delitos graves, puedan optar al cargo de Fiscal General».
Este numeral establece que no podrán postularse quienes, en los últimos 10 años, hayan representado legalmente a procesados por delitos de crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, trata de personas, explotación sexual, tráfico de armas y otros delitos que representan una amenaza para la seguridad nacional y el orden público.
Llamado a la Corte Constitucional y al Consejo de la Judicatura
El CPCCS ha hecho un llamado a la Corte Constitucional para que establezca límites claros en cuanto al abuso de las garantías jurisdiccionales, particularmente en los procesos de designación de autoridades. Además, ha exhortado al Consejo de la Judicatura a tomar medidas correctivas dentro de su ámbito de competencia para evitar que este tipo de actuaciones continúen entorpeciendo las funciones del CPCCS.
El Consejo también ha señalado la rapidez con la que se otorgó la medida cautelar, en contraste con el extenso plazo establecido para la audiencia de acción de protección, lo cual podría generar una suspensión del proceso de selección de más de un mes, afectando la designación oportuna de la Primera Autoridad de la Fiscalía General.
