En una conferencia de prensa desde el Palacio de Carondelet, la portavoz oficial de la Presidencia, Carolina Jaramillo Garcés, anunció este lunes tres medidas clave del gobierno del presidente Daniel Noboa Azín: la garantía del servicio de energía eléctrica a nivel nacional, el control tributario masivo sobre la compra y venta de acciones, y la implementación de responsables institucionales de cumplimiento para prevenir la corrupción.
Garantía de energía eléctrica firme y modernización del sistema
Jaramillo afirmó que el suministro eléctrico está asegurado a corto, mediano y largo plazo gracias a una estrategia que combina la incorporación de nueva energía firme, la modernización del Sistema Nacional de Transmisión y el impulso a proyectos renovables. “Este año se incorporan 979,5 megavatios de energía firme, es decir, que no depende del clima”, declaró.
Según detalló, en 2026 se sumarán 403 MW adicionales, y en 2027, otros 600 MW, alcanzando un total acumulado de 1.982,5 megavatios. “Esto permitirá garantizar el suministro de energía y contar con reservas adecuadas”, recalcó.
La portavoz también destacó que se están ejecutando acciones sin precedentes para modernizar el sistema de transmisión, incluyendo la expansión a 500 kilovoltios, la repotenciación de Paute Molino, y una interconexión con Perú, lo que permitirá alcanzar la tan anhelada “soberanía energética” del Ecuador.
Además, se promocionan 1.500 millones de dólares en inversiones privadas para proyectos de generación renovable que sumarían 1400 MW. “Hay 67 proyectos privados en marcha, 31 ya calificados y 36 en trámite, entre ellos eólicos, solares e hidroeléctricos”, explicó.
En el largo plazo, el gobierno prevé incluso incorporar 300 MW de energía nuclear al sistema.
Control tributario sin precedentes a la compra y venta de acciones
El segundo anuncio fue la implementación de un control masivo de utilidades por compraventa de acciones, a cargo del Servicio de Rentas Internas (SRI). “Por primera vez en la historia, se fiscalizará el Impuesto a la Renta Única (IRU) generado en la compraventa de acciones”, subrayó Jaramillo.
Hasta la fecha, apenas 300 contribuyentes han declarado voluntariamente utilidades por este concepto, reportando en promedio USD 30 millones anuales, pero el SRI ha identificado un universo de al menos 6.000 contribuyentes que no han cumplido con esta obligación. “Apuntamos a atacar las conductas defraudatorias de quienes ocultan el valor real de sus actuaciones”, dijo.
Responsables de cumplimiento contra la corrupción en el Estado
El tercer anuncio fue la designación de responsables institucionales de cumplimiento (RIC) en 35 entidades estatales priorizadas, como parte de la Política Nacional de Integridad Pública, liderada por la Secretaría de Integridad desde el 2 de junio.
“Por primera vez se designan especialistas dentro del Ejecutivo para prevenir la corrupción. Antes solo se actuaba cuando ya era tarde”, indicó Jaramillo, asegurando que la medida busca “garantizar transparencia, institucionalizar la norma y generar una cultura de integridad dentro del Estado”.
