El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes la Ley Orgánica de Inteligencia, una normativa que regula las operaciones de inteligencia y contrainteligencia en Ecuador con el fin de anticipar, prevenir y neutralizar amenazas que comprometan la seguridad integral del Estado.
La normativa alcanzó 77 votos afirmativos con respaldo de legisladores de ADN, cuatro asambleístas de Pachakutik, independientes y David Arias, representante de Galápagos por la Revolución Ciudadana.
La iniciativa, impulsada por la Comisión de Seguridad Integral, se convierte en la segunda ley aprobada durante la presidencia legislativa de Niels Olsen. El objetivo central es dotar al país de una herramienta legal moderna, eficaz y respetuosa de los derechos humanos.
“La aprobación de esta ley marca un antes y un después en la capacidad del Estado para reaccionar ante amenazas como el terrorismo y el crimen organizado. Es una norma conectada con la realidad que vive el país”, afirmó Inés Alarcón, presidenta de la Comisión y ponente del informe.
Alarcón destacó que la normativa contempla principios de legalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos. Además, establece por primera vez un control parlamentario especializado y reservado, a cargo de la comisión legislativa encargada de la seguridad.
Sistema Nacional de Inteligencia
Entre los principales avances, la ley crea el Sistema Nacional de Inteligencia, conformado por siete subsistemas vinculados al ámbito policial, militar, tributario, penitenciario, económico-financiero, aduanero y de la Casa Militar Presidencial. El Ejecutivo, liderado por el presidente Daniel Noboa Azín, podrá incorporar otras instancias según considere necesario.
“La inteligencia estatal ya no será una caja negra. Esta norma establece límites y controles claros para que las operaciones se desarrollen con transparencia, eficacia y dentro del marco constitucional”, añadió Alarcón.
La ley será enviada en las próximas horas al Ejecutivo para su análisis y eventual sanción. De ser promulgada, se convertirá en una pieza clave en la estrategia nacional de seguridad y prevención de delitos complejos.
