El Gobierno Nacional recibió una respuesta de la Procuraduría General del Estado respecto a la consulta sobre si un funcionario destituido por un sumario administrativo puede continuar ocupando otro cargo público. La consulta, realizada por José Julio Neira, titular de la Secretaría General de Integridad Pública, fue presentada el 5 de septiembre de 2024, respondida el 11 de septiembre y publicada por la Procuraduría el 2 de octubre de 2024.
La inquietud específica era si un servidor público destituido, de acuerdo con lo estipulado en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), podía seguir ejerciendo otro cargo dentro del sector público. Esta consulta se basó en el literal b del artículo 48 de la LOSEP, que trata sobre la destitución por abandono injustificado del puesto de trabajo por tres o más días consecutivos.
Antes de emitir su respuesta, la Procuraduría consultó con la Contraloría General del Estado y el Ministerio de Trabajo, concluyendo que un funcionario destituido por causas como el abandono injustificado no puede reingresar al sector público durante un período de dos años, a partir de la fecha de su destitución. Además, la normativa establece que un funcionario destituido no podrá volver a ocupar un puesto en la misma institución de la que fue separado.
El contexto de esta consulta surgió debido a que la vicepresidenta Verónica Abad, designada embajadora de paz para el conflicto entre Israel y Palestina, enfrenta actualmente un sumario administrativo abierto por el Ministerio de Trabajo, debido a su retraso en cumplir con una disposición de traslado a Ankara, Turquía.
El sumario contra Abad se inició cuando, según informes del Ministerio de Relaciones Exteriores, no cumplió con su traslado antes del 1 de septiembre de 2024, como lo indicaba el Decreto Ejecutivo 353. Abad llegó a Ankara el 9 de septiembre, lo que desencadenó el proceso disciplinario. Paralelamente, el 11 de septiembre, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez Figueroa, implementó un nuevo procedimiento de sumario administrativo, que incluye sanciones como la suspensión temporal sin remuneración y la destitución.
Abad intentó frenar el proceso mediante una acción de protección, pero esta fue negada.
La aclaración de la Procuraduría refuerza que cualquier funcionario que haya sido destituido mediante un proceso administrativo se encuentra impedido de ocupar cualquier otro cargo público por un período de dos años, según lo establecido por la LOSEP.
