Seis personas fueron sentenciadas a una pena privativa de libertad de nueve años y al pago de una multa de 40 salarios básicos unificados (USD 18.800), tras ser hallados culpables de tráfico ilícito de armas de fuego.
La sentencia, dada a conocer por la Fiscalía General del Estado, también incluye la expulsión y prohibición de retorno al país por un período de diez años para cuatro de los procesados, quienes son ciudadanos extranjeros.
El caso fue investigado por la Unidad Nacional Especializada de Investigación Contra La Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot 6) de la Fiscalía, que presentó pruebas sólidas que sustentaron la acusación.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del 26 de enero de 2024, durante un estado de excepción en el país. Un miembro del Ejército solicitó a uno de los sentenciados detenerse mientras caminaba por las calles de Puerto López, en la provincia de Manabí. Al evadir la orden, el individuo ingresó a un inmueble, donde fue perseguido por los militares.
Dentro de la propiedad, las autoridades encontraron a las seis personas involucradas, así como un arsenal compuesto por dos pistolas de 9 mm, tres fusiles de largo alcance, 14 cargadores para fusil, dos cargadores de pistola 9 mm y 486 municiones para fusil, además de otras 98 municiones de diversos calibres.
La Fiscalía aclaró que los procesados no contaban con la autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) para la tenencia, conservación o almacenamiento de armas, y las mismas no estaban registradas en la base de datos del Sistema Informático de Control de Armas del CCFFAA.
Según la normativa vigente, las armas incautadas están clasificadas como armamento de guerra, diseñado para uso policial y militar, no para uso personal.
Las pericias realizadas sobre las armas y municiones confirmaron que todas eran aptas para disparar.
Además, en el transcurso de la investigación, se descubrió que una de las armas incautadas había sido utilizada en un asesinato ocurrido en la provincia de Santa Elena. La Fiscalía derivó esta información a las autoridades locales para continuar con las investigaciones.
Este caso fue procesado bajo la tipificación de tráfico ilícito de armas de fuego, conforme al artículo 362 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
