La Corte Constitucional de Ecuador dejó sin efecto dos sentencias favorables sobre los beneficios de un millonario contrato colectivo en la Corporación Nacional Eléctrica (CNEL EP) y dio un plazo máximo de 36 meses para que recupere los valores pagados y devolverlos al Estado.
«Nueva sentencia, histórica, empleados y ex empleados de CNEL, deben devolver 110 millones. Se acabaron los sueldos de 13.000! Como el de un líder de atención al cliente», expresó la ministra de Energía, Inés Manzano, en su cuenta en la red social X.
El 28 de octubre de 2021, un grupo de empleados y exempleados de CNEL presentó una acción de protección en contra de la empresa estatal, la cual ganaron en la Unidad Judicial Multicompetente en Puebloviejo, provincia de Los Ríos.
Luego, el fallo fue ratificado en la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos.
La sentencia 1788-24-EP/25 concluyó que estos tribunales sobrepasaron sus atribuciones al otorgar beneficios que, según la Ley Orgánica de Empresas Públicas, no corresponden a ciertos servidores.
“Lo anterior, derivó en que CNEL EP deba pagar una reparación económica que ascendió a una cifra de más de 79 millones de dólares y que accedan a los beneficios del contrato colectivo servidores de carrera, de contratos ocasionales, de servicios profesionales, auditores internos de la Contraloría General del Estado e incluso personas en comisión de servicios”, dice la sentencia.
Por este motivo, respecto a la actuación de los jueces, el fallo señala que Joseph Rober Mendieta Toledo y Jorge Luis Euvin Villacrés, quienes dictaron sentencia de mayoría de 14 de diciembre de 2021 dentro de la acción de protección, “incurrieron en error inexcusable”.
Como resultado, la Corte dispuso la anulación de las sentencias impugnadas y de cualquier acto derivado de ellas.
El fallo también dispone que se remita el expediente a la Fiscalía General del Estado para que inicie la investigación correspondiente y determine si existen los elementos para configurar el delito de prevaricato.
Además, se remitió el expediente a la Contraloría General del Estado para que inicie un examen especial con el fin de determinar las responsabilidades a que hubiere lugar y declara el abuso del derecho por parte de los apoderados judiciales de la parte accionante y sus abogados defensores.
