Bolivia entra en su cuarta semana de crisis sin señales de calma. Han pasado 22 días desde el inicio de los bloqueos de carreteras, marchas y protestas contra el presidente Rodrigo Paz, mientras el Gobierno intenta abrir negociaciones para frenar un conflicto que ya afecta el abastecimiento de combustible, alimentos y oxígeno medicinal en varias regiones del país.
Las movilizaciones, lideradas por sindicatos campesinos, organizaciones obreras y sectores cercanos al ex presidente socialista Evo Morales, no aflojan. Y la presión política tampoco: piden la renuncia del mandatario que apenas lleva poco más de seis meses en el poder.
70 puntos de bloqueo en seis departamentos
La Administradora Boliviana de Carreteras informó que existen al menos 70 puntos de bloqueo distribuidos en seis de los nueve departamentos del país. Los principales focos de conflicto se concentran en La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí.
El gobierno apuesta al diálogo
En paralelo al endurecimiento de las protestas, el oficialismo y sectores opositores intentan destrabar la crisis. El vicepresidente Edmand Lara, quien preside la Asamblea Legislativa y mantiene diferencias con el Ejecutivo, convocó una mesa de negociación a la que asistieron parlamentarios, dirigentes sociales, miembros de la Iglesia católica, organizaciones de derechos humanos y funcionarios del Gobierno.
«Llegamos a este espacio con la esperanza y la convicción de que el diálogo es el camino para encontrar soluciones», expresó el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.
Por su parte, el presidente Rodrigo Paz encabezó otra mesa de trabajo con representantes económicos y sociales para discutir medidas urgentes frente al deterioro de la situación interna.
Mujeres aimaras marchan con cacerolas vacías
Pese a los intentos de negociación, las protestas no se detuvieron. Durante esta jornada, organizaciones campesinas volvieron a marchar por el centro político de Bolivia encabezadas por mujeres aimaras que llevaban cacerolas vacías como símbolo de la crisis económica y del descontento social.
Virginia Antiñapa, dirigente de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de La Paz, acusó al Gobierno de marginar a los sectores sociales tradicionales: «Cada Gobierno siempre ha coordinado con las organizaciones sociales para su gobernabilidad, pero este Gobierno no nos ha hecho caso, nos ha discriminado».
Transportistas se suman con paro indefinido
A las protestas campesinas se sumó un paro indefinido impulsado por sindicatos de transportistas de La Paz, que instalaron bloqueos urbanos para denunciar la falta de combustible, una situación agravada precisamente por el cierre de rutas en distintas regiones.
La combinación de cortes de carreteras y protestas urbanas alteró seriamente la movilidad en La Paz y El Alto. Miles de personas debieron trasladarse caminando o permanecer durante horas en filas para acceder al sistema de teleféricos que conecta ambas ciudades.
Hospitales sin oxígeno y mercados desabastecidos
El impacto más grave es humanitario. Hospitales y centros médicos reportaron dificultades para recibir oxígeno medicinal y otros suministros esenciales debido a las interrupciones del transporte terrestre. La escasez también afecta mercados y estaciones de servicio, especialmente en el altiplano boliviano.
Fuerzas Armadas, en alerta
En medio de ese escenario, el Gobierno promulgó durante la madrugada una nueva ley que elimina restricciones para la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos. La medida incrementó la preocupación de sectores opositores y organizaciones civiles ante la posibilidad de una escalada represiva.
Sin embargo, el Ejecutivo aseguró que declarar un estado de excepción continúa siendo «la última opción» y sostuvo que priorizará las negociaciones políticas antes de recurrir a medidas extraordinarias.
