En una decisión unánime, el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó este martes, durante su sesión N.º 22, una resolución que exhorta al asambleísta Joseph Santiago Díaz Asque a presentar su renuncia inmediata. El legislador enfrenta una instrucción fiscal por el presunto delito de violación a una menor de edad y se encuentra actualmente bajo prisión preventiva.
La resolución, titulada “Por la dignidad institucional y la ética parlamentaria”, fue presentada por la asambleísta Mishel Mancheno, quien en su intervención declaró: “Estamos frente a una situación que interpela nuestra conciencia política y ética. Si defendemos privilegios o defendemos principios. Hoy deben decidir si actúan o callan. Si se acomodan en la tibieza o se ponen de pie con dignidad”. Mancheno exigió una postura firme frente a hechos que, según señaló, ya están verificados jurídicamente.
Resolución contra Díaz Asque
La resolución, aprobada por todos los bloques legislativos, reconoce que si bien se debe respetar el principio de presunción de inocencia, los hechos imputados al legislador han generado una grave conmoción social y comprometen la legitimidad de la Función Legislativa. La Asamblea expresó “su enérgico rechazo” a la denuncia contra Díaz y reafirmó que la conducta ética de los asambleístas “es un pilar fundamental para la confianza ciudadana y la credibilidad institucional”.
El documento también exhorta a las autoridades judiciales a actuar con celeridad, imparcialidad y con enfoque de derechos humanos. Asimismo, instruye a que la resolución se difunda oficialmente y enviada a todas las entidades competentes.
De acuerdo con el certificado judicial emitido por la Unidad de Violencia contra la Mujer y la Familia No. 1 de Quito, Díaz enfrenta una orden de prisión preventiva desde el 22 de julio de 2025, tras la audiencia de formulación de cargos dentro de la causa penal N.º 17571-2025-02101G. La Asamblea ya le había negado una solicitud de licencia sin sueldo.
Con esta decisión, el Parlamento busca reafirmar su compromiso con la ética pública, la protección de víctimas de violencia y la integridad del Estado democrático. La resolución marca un precedente en la forma en que el poder legislativo responde ante casos penales que involucran a sus propios miembros.
