El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia dictó sentencia contra Jorge Eduardo A.Z., Franklin Edmundo T.P. y Marco Patricio C.C., quienes aceptaron su responsabilidad en el delito de crimen organizado dentro del caso denominado Plaga. Los tres acusados se acogieron al procedimiento abreviado y recibieron penas de prisión y sanciones económicas.
Jorge Eduardo A.Z., exjuez de Garantías Penales de Santo Domingo, recibió una condena de 44 meses de prisión, además del pago de una multa de 5.520 dólares y una reparación integral de 71.040 dólares. Su participación en la red delictiva incluyó la liberación de tres sicarios vinculados al líder del Grupo de Crimen Organizado Los Lobos, Fabricio Colón P.S.
Por su parte, Franklin Edmundo T.P., exjuez de la Unidad Multicompetente de Pasaje, fue sentenciado a 36 meses de prisión por emitir garantías jurisdiccionales ilegales en favor de varios reclusos. Además, deberá pagar una multa de 5.520 dólares y una reparación integral de 41.040 dólares, que corresponde al dinero recibido por sus acciones ilícitas.
Marco Patricio C.C., expolicía, también recibió una condena de 44 meses de prisión. Según la Fiscalía, su beneficio dentro de la estructura delictiva fue obtener una medida constitucional que le permitió reincorporarse a la Policía Nacional, tramitada por el abogado Cristian R.M., actualmente prófugo de la justicia. Su sentencia incluye el pago de 5.520 dólares de multa y 11.040 dólares como reparación integral.
Durante la audiencia, la Fiscalía General del Estado presentó un total de 16 pruebas en contra de Jorge Eduardo A.Z., 26 elementos probatorios contra Franklin Edmundo T.P. y 10 pruebas contra Marco Patricio C.C. Los jueces de la Corte Nacional también ordenaron como parte de la reparación no material la publicación de la sentencia en el portal del Consejo de la Judicatura, su difusión en un medio de comunicación de circulación nacional y la emisión de disculpas públicas.
Con estas sentencias, suman doce los condenados dentro del Caso Plaga, un proceso que expone la infiltración del crimen organizado en el sistema judicial y policial de Ecuador.
