Durante una audiencia desarrollada este martes, la Fiscalía General del Estado vinculó a tres personas más al proceso penal por presunta asociación ilícita relacionado con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La jueza Daniela Camacho acogió el pedido fiscal y dictó medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva para los nuevos procesados: Andrés Arauz, Esther Cuesta y Raúl González.
Los dos primeros deberán presentarse una vez al mes ante la Secretaría de la Corte Nacional de Justicia. En tanto, a Raúl González se le impuso presentación periódica cada quince días en Guayaquil y prohibición de salida del país. También se ordenó la retención de cuentas por un monto de USD 5.000 para cada uno. La instrucción fiscal se amplió por 30 días.
La investigación, iniciada tras una denuncia y un allanamiento realizado el 24 de enero de 2025 en las oficinas del CPCCS, ha revelado una presunta red que operaba desde diciembre de 2024 con el objetivo de tomar el control de instituciones del Estado a través de designaciones irregulares. Entre las pruebas consta información extraída del celular del exconsejero Sócrates Augusto Verduga, la cual habría revelado una planificación estructurada para manipular procesos institucionales.
Según Fiscalía, Andrés Arauz sería el coordinador externo de esta operación, usando la aplicación encriptada Wire para emitir directrices a los consejeros aliados. Las acciones ilícitas también habrían contado con la participación clave de la exasambleísta Esther Cuesta, quien –según los indicios– habría facilitado desde la presidencia del Parlamento las condiciones necesarias para avanzar con las designaciones irregulares.
Uno de los principales beneficiarios de este esquema habría sido Raúl González, cuya designación como Superintendente de Bancos se promovía a pesar de un dictamen previo de la Corte Constitucional que lo impedía.
Los tres vinculados se suman a otros procesados en este caso: Augusto Verduga, Betzy Yadira, Nicole Estephanie y Eduardo Julián, exconsejeros del CPCCS, a quienes se formularon cargos en marzo de este año.
El fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga, aseguró que esta estructura operaba como una asociación ilícita con el fin de controlar instancias clave del poder público, distorsionando los procesos de selección de autoridades, los cuales deben regirse por principios de transparencia y legalidad.
