Fue en noviembre de 2022 cuando un ciudadano denunció por redes sociales que su perro murió ahorcado por una vecina en el barrio San Carlos, en la parroquia La Argelia, en el sur de Quito.
Con la denuncia había fotos de Spayk muerto y un video donde se veía a un mujer jalando una cuerda de donde colgaba el huzky de un año y siete meses de edad.
La Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Municipio de Quito acudió al lugar junto con la Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Control (AMC) para verificar los hechos.
Las organización de derechos por los animales pusieron una acusación formal y este miércoles 26 de abril será la audiencia de juzgamiento en contra de la acusada.
El Código Orgánico Integral Penal (Coip) señala que “la persona que mate a un animal que forma parte de la fauna urbana será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año. Si la muerte se produce como resultado de actos de crueldad será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.
