Ecuador se prepara para su segunda vuelta presidencial el próximo 16 de abril. A medida que se acerca el día de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó una medida clave que se implementará para garantizar el proceso electoral libre de presiones o coacciones: la prohibición del uso de teléfonos celulares en los recintos de votación.
La decisión del CNE tiene como objetivo evitar que los votantes puedan ser presionados o extorsionados para fotografiar su papeleta de votación como prueba de su elección. Esta práctica ha sido identificada como una forma de coacción durante elecciones pasadas, donde se exigía a los votantes que mostraran la fotografía de su voto, lo que podría influir en su decisión.
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, subrayó que esta prohibición no es una medida nueva. «Esto ya estuvo en la Ley, se aprobó en 2008, no es nuevo, siempre ha existido», explicó. La medida está respaldada por informes de seguridad que alertan sobre el uso indebido de la tecnología para alterar la voluntad del votante.
Atamaint también aclaró que el incumplimiento de esta normativa podría tener serias consecuencias. Los votantes que no respeten la prohibición podrían enfrentar sanciones económicas, mientras que los miembros del CNE que no cumplan con esta regla podrían ser destituidos de sus cargos. Esto subraya el compromiso del CNE por mantener la transparencia y el libre ejercicio del voto.
Críticas a la medida
A pesar de que la prohibición fue respaldada por sectores políticos en el pasado, algunos actores políticos ahora critican esta decisión, argumentando que vulnera los derechos fundamentales de los votantes. Este cambio de postura ha generado controversia en el panorama político ecuatoriano.
Medardo Oleas, constitucionalista y expresidente del Tribunal Supremo Electoral, señaló que aquellos que impulsaron esta prohibición hace años ahora se oponen a ella por intereses políticos. Según Oleas, la medida busca preservar la integridad de la votación y evitar que intereses externos influyan en el proceso electoral. «Es una cuestión de proteger la voluntad popular», comentó.
