El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó que ha identificado un uso irregular de la figura jurídica de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), revelando que cientos de estas compañías estarían siendo utilizadas para evadir impuestos mediante operaciones ficticias o la simulación de actividades económicas.
La alerta surge en medio de un proceso de verificación y control fiscal, en el que el SRI detectó que varias SAS fueron constituidas únicamente en papel y que, pese a registrar altos volúmenes de exportación o actividad comercial, no cumplen con sus obligaciones tributarias. Un caso emblemático es el de 23 SAS que reportaron exportaciones de minerales por un valor conjunto de hasta 90 millones de dólares durante 2023 y 2024, pero cuyos domicilios fiscales no fueron localizados.
Ante estas irregularidades, el SRI activó medidas inmediatas como la suspensión del Registro Único de Contribuyentes (RUC) de las empresas involucradas y la ejecución de procesos de fiscalización, particularmente en sectores sensibles como el minero. Según Damián Larco, director general del SRI, estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para frenar el uso fraudulento de las SAS.
Otra alerta relevante es la existencia de aproximadamente 800 SAS que, entre 2022 y 2023, declararon ingresos gravados por debajo de sus verdaderas cifras. Esto habría impedido la recaudación de al menos 4 millones de dólares, según datos oficiales obtenidos a través del sistema de facturación electrónica. Adicionalmente, se identificó a más de 3.500 SAS con actividad económica registrada que no emiten comprobantes de venta electrónicos, incumpliendo la normativa vigente.
El SRI también detectó que muchos profesionales han constituido SAS con el único objetivo de reducir su carga tributaria, cuando antes tributaban como personas naturales. Ante esta práctica, la Administración Tributaria realizará controles específicos para verificar el correcto pago del impuesto a la renta en estos casos.
Larco explicó que estos hallazgos son resultado del programa de control y verificación fiscal, orientado a corregir las diferencias entre lo que se declara y lo que realmente se factura electrónicamente. Insistió en que las inconsistencias detectadas pueden derivar en sanciones, intereses y procesos administrativos si no son corregidas oportunamente.
Finalmente, se recordó que la reciente Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, vigente desde el 10 de junio de 2025, prohíbe a las SAS realizar actividades en sectores estratégicos como minería, finanzas, seguros o mercado de valores, entre otros con tratamiento especial.
