Las jornadas impulsadas por el Gobierno buscan que municipios y actores locales pasen de acciones aisladas a planes cantonales con presupuesto, seguimiento y una vigencia de cuatro años.
El Gobierno Nacional inició jornadas provinciales para que los gobiernos autónomos descentralizados incorporen herramientas concretas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres dentro de su planificación local.
La iniciativa, desarrollada por el Ministerio de Gobierno a través del Viceministerio de la Mujer y Derechos Humanos, pone sobre la mesa tres instrumentos que deberán trabajar de forma articulada: la Ordenanza Cantonal, la Mesa Cantonal y el Plan Cantonal.
La ordenanza establece las obligaciones de los gobiernos locales; la mesa reúne a las instituciones y organizaciones que deben intervenir; mientras que el plan convierte las necesidades de cada territorio en objetivos, acciones, responsables, recursos e indicadores.
Planes con cuatro años de vigencia y cinco ejes de acción
Uno de los objetivos centrales es evitar que las respuestas frente a la violencia dependan únicamente de decisiones coyunturales. Por ello, las autoridades locales reciben lineamientos para construir planes cantonales con una vigencia de cuatro años e integrarlos a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
Estos instrumentos contemplan cinco ejes: prevención, atención, protección, reparación y fortalecimiento institucional. A partir de ellos, cada cantón podrá identificar brechas, priorizar grupos que requieren atención y establecer acciones medibles.
Las jornadas también buscan consolidar espacios de coordinación entre municipios, entidades estatales, organizaciones sociales, academia y sectores vinculados con salud, educación, seguridad, inclusión económica y atención jurídica y psicosocial.
Como parte del proceso, las autoridades participantes deberán definir compromisos, incorporar recursos dentro de su planificación y establecer mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas.
