El concejal metropolitano Michael Aulestia informó que presentó ante la Fiscalía General del Estado dos denuncias por presunto peculado y presunto lavado de activos relacionadas con contratos de obras y asfalto adjudicados por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP).
El edil denominó al expediente “Caso Asfalto de Oro” y señaló que las denuncias abarcan contratos de mantenimiento vial, asfaltado, obras de infraestructura y venta de asfalto. Según la información pública que asegura haber recopilado durante su labor de fiscalización, un mismo proveedor habría concentrado adjudicaciones por aproximadamente USD 65 millones.
Aulestia sostiene que esta concentración se habría realizado mediante una estructura compuesta por sociedades, consorcios y personas naturales. Según su denuncia, este mecanismo habría permitido eludir la prohibición de entregar una nueva obra a un contratista que no hubiera recibido a conformidad una adjudicación anterior.
El concejal relacionó este señalamiento con lo establecido en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Denuncias apuntan a funcionarios de la EPMMOP
De acuerdo con el comunicado difundido por Aulestia, las denuncias señalan la presunta participación de funcionarios de alto nivel de la EPMMOP y personas del entorno de la Alcaldía. La eventual responsabilidad de las personas señaladas deberá determinarse dentro de las investigaciones correspondientes.
“No son opiniones, son documentos públicos que ahora están en manos de la Fiscalía. Quito pagó por calles, y una sola red se quedó con los contratos”, afirmó el concejal al referirse a la documentación entregada.
Michael Aulestia también solicitó a Fiscalía actuar con celeridad y disponer medidas cautelares sobre los bienes de los investigados. Además, pidió al alcalde separar de sus funciones a los servidores presuntamente involucrados.
El comunicado divulgado este 21 de octubre no detalla nombres de los proveedores, sociedades o funcionarios que formarían parte de la estructura denunciada, por lo que esos elementos deberán conocerse conforme avance la investigación fiscal.
