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Caso La Reina: Fiscalía rastrea más de USD 1,2 millones por presunto lavado de activos

Fiscalía investiga en el Caso La Reina más de USD 1,2 millones por presunto lavado de activos y analiza vínculos con el Municipio de Guayaquil.

La Fiscalía General del Estado reveló nuevos detalles del Caso La Reina, una investigación por presunto lavado de activos que analiza movimientos financieros superiores a USD 1,2 millones y que involucra a los hermanos David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B.

La causa surgió a partir de una alerta financiera emitida por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Según la Fiscalía, el expediente también examina el vínculo que los investigados habrían mantenido con autoridades y funcionarios del Municipio de Guayaquil.

Una alerta de la UAFE dio origen al Caso La Reina

La investigación comenzó después de que la UAFE emitiera un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII).

A partir de este documento, la Fiscalía empezó a revisar operaciones financieras efectuadas entre 2020 y marzo de 2026 relacionadas con Navila D. B. y sus hermanos, David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B.

Los investigadores buscan establecer el origen y destino del dinero, así como determinar si existen elementos que configuren el delito de lavado de activos.

Fiscalía detectó diferencias en movimientos financieros

Uno de los elementos que forma parte del expediente es la comparación entre los ingresos declarados ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) y los valores registrados en cuentas del sistema financiero nacional.

De acuerdo con la información difundida por Fiscalía, en 2022 constaban USD 33.039 como ingresos declarados, mientras los movimientos registrados en cuentas alcanzaron USD 376.525.

En 2023, los ingresos declarados llegaron a USD 40.488, frente a USD 440.781 registrados en el sistema financiero.

La institución también identificó diferencias durante 2024 y 2025. Estos movimientos forman parte del análisis y deberán ser contrastados dentro del proceso penal.

Fiscalía indaga vínculo con el Municipio de Guayaquil

El expediente también pone atención sobre Navila D. B., quien ingresó como funcionaria a la Dirección de Eventos Especiales del Municipio de Guayaquil en mayo de 2023.

Según Fiscalía, desde ese periodo habría existido un incremento en los movimientos financieros de los tres hermanos.

La investigación sostiene además que Navila D. B. habría recibido recursos de Aquiles A. H. mediante Ternape Petroleum S. A.

Por su parte, David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B. presuntamente habrían movilizado e inyectado recursos que ahora son objeto de investigación.

La Fiscalía también analiza indicios relacionados con posibles delitos de defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito.

Más de USD 1,2 millones están bajo análisis

Entre 2020 y marzo de 2026, la Fiscalía identificó ingresos por USD 1.293.016,29 al Sistema Financiero Nacional dentro de las operaciones examinadas.

A esta cifra se suman USD 683.894,42 en movimientos entre cuentas.

La institución busca determinar la procedencia, circulación y destino de esos recursos como parte de la instrucción fiscal.

Además, la Fiscalía informó que dentro del caso se analizan 18 viajes al exterior, otro elemento incorporado a la investigación.

Dos procesados permanecen con prisión preventiva

El 5 de agosto de 2026, la Fiscalía ejecutó órdenes de detención con fines de formulación de cargos, además de allanamientos, incautaciones y retención de vehículos.

David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B. recibieron prisión preventiva por disposición judicial. Navila D. B., en cambio, no fue localizada durante los operativos.

Las autoridades también dispusieron la retención de USD 94.598 en cuentas vinculadas a David Aaron D. B. y USD 21.176 correspondientes a Farid Antuan D. B.

La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días, periodo en el que la Fiscalía continuará reuniendo elementos para esclarecer el origen de los fondos y las responsabilidades que pudieran existir.

Los hechos investigados y las responsabilidades penales deberán determinarse dentro del proceso judicial, respetando el principio de presunción de inocencia.

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