Este viernes se desarrolló de forma telemática la audiencia de apelación a la prisión preventiva dictada en contra de Aquiles Álvarez, dentro del denominado caso Goleada. La diligencia se hizo mientras el funcionario permanece recluido en la Cárcel El Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena.
La investigación que lleva la Fiscalía General del Estado, indaga una presunta red dedicada al lavado de activos a través del tráfico ilegal de combustibles subsidiados.
Fiscalía expone funcionamiento de la supuesta red
Durante la audiencia, los representantes del Ministerio Público detallaron el presunto esquema utilizado para desviar combustibles subsidiados destinados al mercado local. Según la investigación, estos productos se habrían almacenado en instalaciones vinculadas a los procesados y luego se comercializaban a precio internacional para embarcaciones extranjeras.
En el proceso también aparecen señalados los hermanos del alcalde, Antonio y Xavier Álvarez, además de otros implicados dentro de la supuesta estructura.
El fiscal Dennis Villavicencio explicó que las ganancias obtenidas de estas operaciones se habrían canalizado mediante la adquisición de empresas, gasolineras y aumentos de capital que, según la investigación, no tendrían justificación económica.
Investigación incluye movimientos vinculados a un equipo de fútbol
En su exposición, la Fiscalía también mencionó presuntos movimientos financieros relacionados con un club de fútbol, en el cual fungía como vicepresidente.
De acuerdo con el organismo, parte del dinero generado por las operaciones investigadas habría sido ingresado a la institución deportiva mediante préstamos que alcanzarían cerca de dos millones de dólares. Dichos recursos, supuestamente provenían de la comercialización irregular de combustible.
Audiencia fue suspendida y resolución queda pendiente
Después de varias horas de intervención, la Fiscalía informó que la audiencia para revisar la medida de prisión preventiva se suspendió. La entidad indicó que la resolución se dará a conocer en una convocatoria posterior.
Mientras tanto, Ramiro García, abogado de Álvarez, denunció presuntos maltratos contra su cliente dentro del centro penitenciario. El Gobierno rechazó esas acusaciones y sostiene que la medida de prisión preventiva se ejecuta conforme al debido proceso. Además de señalar que el traslado del alcalde a Santa Elena responde a razones de seguridad.
