Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, presentó este lunes ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional una serie de propuestas de reforma al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), centradas en la evaluación de jueces, fiscales y servidores judiciales, concursos públicos, procesos disciplinarios y mecanismos de mediación.
Godoy señaló que el sistema actual presenta vacíos legales, ambigüedades normativas y criterios subjetivos que impiden la evaluación y depuración real del aparato judicial. “Desde 2017 no se evalúa a jueces y desde 2011 a fiscales. Es insostenible”, afirmó.
Según el funcionario, uno de los principales objetivos de la reforma es realizar evaluaciones anuales con parámetros claros y diferenciados por especialidad. También propuso que una calificación insuficiente sea causal directa de remoción. “La norma no permite una separación inmediata por bajo desempeño”, indicó, y agregó que esa falta de evaluaciones “limita las posibilidades de promoción”.
En cuanto a la Escuela de la Función Judicial, propuso que se refuerce su enfoque técnico. Solicitó que se incluyan pruebas teóricas y prácticas con notas mínimas de aprobación y que, aunque no se considere un centro académico de nivel superior, cuente con docentes universitarios.
Sanciones y evaluaciones a jueces y fiscales
Sobre el combate a la corrupción, Godoy planteó reformas al artículo 329 del COFJ para impedir que personas sentenciadas por cohecho, tráfico de influencias, prevaricato o delincuencia organizada ingresen a la Función Judicial. También sugirió que jueces y fiscales actualicen anualmente su declaración patrimonial o cuando su patrimonio aumente más del 10 %.
Además, propuso modificar los artículos 122 y 153 para unificar el régimen de remoción entre jueces y servidores administrativos. En la actualidad, sólo los segundos podrían removerse si enfrentan un auto de llamamiento a juicio en firme.
En cuanto a los procesos disciplinarios, sugirió que si una medida jurisdiccional suspende un expediente, también se suspendan los plazos de prescripción, para evitar la caducidad de los casos.
Otro punto abordado fue la mediación. Godoy sugirió que esta se establezca como política de Estado obligatoria para descongestionar el sistema judicial. “No debe verse como una alternativa, sino como una política a tratar obligatoriamente”, dijo. Adicionalmente, propuso que el Consejo de la Judicatura regule directamente los centros de mediación.
También señaló que parte de los USD 50 millones anuales recaudados por tasas notariales podrían destinarse a la Judicatura para mejorar la gestión judicial.
Al finalizar la sesión, Rosa Torres, presidenta de la Comisión de Justicia, anunció que las reformas al COFJ serán tramitadas con prioridad. “La ciudadanía exige cambios profundos que favorezcan una reestructuración del sistema judicial sobre la base de la transparencia”, afirmó.
