A partir de las 00:00 del 12 de mayo de 2025, los operativos de control de tránsito en varios tramos críticos de la Red Vial Estatal (RVE) estarán a cargo de la Policía Nacional. La medida, dispuesta por el Gobierno Nacional mediante el Acuerdo Ministerial MTOP-MTOP-25-19-ACU, busca fortalecer la seguridad ciudadana y mejorar el impacto de los controles viales.
La disposición fue emitida por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), en su calidad de ente rector del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Esta acción forma parte de la implementación de la Política Pública Nacional de Seguridad Ciudadana, Pública y de Protección Interna en la RVE, la cual establece que el control del tránsito regrese a manos de la Policía Nacional, a través de su Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial.
Como parte del plan operativo diseñado por la entidad policial, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) redistribuirá su personal a otros puntos estratégicos del país.
Los tramos priorizados para estos controles se encuentran en distintas provincias, e incluyen corredores como:
- Santo Domingo – La Concordia – “Y” de San Mateo
- Flavio Alfaro – Chone – Rocafuerte
- El Empalme – Portoviejo
- San Lorenzo – Ruta del Spondylus – Portoviejo
- Santo Domingo – San Miguel de Los Bancos
- Santo Domingo – Cutuglagua (Mejía)
- La Maná – Zumbahua (Los Ríos)
- Bolívar – Chimborazo – Av. José A. Lizardo
- Cumandá – Riobamba – Alausí
- El Piedrero – Alausí – Riobamba
- La Troncal – El Triunfo
- Biblián – Azogues
- Sevilla de Oro – Biblián – Azogues
- Vía a Méndez (Azuay)
- Gualaquiza – límite Morona Santiago
- El Calvario – Zumbi – Yantzaza
- Velacruz – Catacocha (El Oro)
- “Y” de Alamor – límite El Oro
- Límite Ecuador/Perú – Corralitos
- El Guabo – vía a Naranjal – Molleturo
- Puerto Inca – Yaguachi
- San Carlos – “T” de Baba – Troncal La Costa
- Paso Lateral de Quevedo
- Buena Fe – Quevedo – Bypass Quito
- El Empalme – Daule
La ejecución de esta medida tendrá una duración inicial de un año, periodo tras el cual las instituciones involucradas evaluarán su efectividad y definirán si se mantiene, ajusta o renueva.