La Asamblea Nacional de Ecuador ha aprobado por un conjunto de reformas al Código de Trabajo y a la Ley Orgánica de Servicio Público destinadas a prevenir, evitar y sancionar la violencia y el acoso laboral en empresas públicas y privadas del país.
Entre las novedades introducidas por esta reforma se incluyen disposiciones para sancionar el acoso a través de medios tecnológicos, como llamadas o mensajes fuera del horario laboral. Además, se establece que tanto los casos de violencia como de acoso pueden ser denunciados incluso si ocurren en una sola ocasión.
La reforma también amplía la definición de violencia y acoso laboral para abarcar aspectos como la no desconexión digital, el desacato a los tiempos de descanso y vacaciones, así como la vulneración de la privacidad personal y familiar. Se considera violencia psicológica y patrimonial el cambio de ocupación sin autorización del trabajador, especialmente si implica una reducción salarial.
También se incluye la violencia y el acoso de género o por razones discriminatorias cometidos en el lugar de trabajo o en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral o entre trabajadores, que tenga como resultado el menoscabo, maltrato, humillación, amenace o perjudique los derechos adquiridos de la persona violentada o acosada laboralmente.
La ley protege a una amplia gama de trabajadores, incluidos aprendices, pasantes, voluntarios, personas en búsqueda de empleo y tercerizados. En los casos de violencia o acoso laboral comprobados, se aplicarán sanciones pecuniarias contra los responsables, ya sean personas naturales o jurídicas.
María Pasquel, ponente del informe de la Comisión del Derecho al Trabajo, enfatizó que la normativa busca proteger a los trabajadores que cumplen con sus labores y son víctimas de injusticias, sin socapar la mediocridad en el trabajo. Además, señaló que la ley no solo sanciona la violencia de los empleadores hacia los empleados, sino también entre los propios trabajadores.
El texto aprobado será enviado al Ejecutivo para su revisión final por parte del presidente Daniel Noboa, quien deberá decidir si veta o ratifica las reformas antes de su entrada en vigencia.
