La reducción significativa del riesgo país en Ecuador durante la última semana ha marcado un cambio en la posición del país en el ranking regional, colocándolo en el cuarto lugar entre las naciones con los indicadores más altos. Esta disminución, la más pronunciada durante la administración del presidente Daniel Noboa, se dan luego de varias acciones gubernamentales.
Venezuela sigue encabezando la lista con el riesgo país más alto, alcanzando los 19,298 puntos, una cifra tan elevada que dificulta su comparación. Bolivia le sigue con 2,218 puntos, y Argentina ocupa el tercer lugar con 1,966 puntos. Ecuador, que anteriormente estaba por encima de Argentina, ha descendido al cuarto lugar con 1,879 puntos, según datos recopilados el 18 de enero de 2024.
Desde el 9 de enero de 2023, cuando una jornada violenta llevó al presidente Daniel Noboa a declarar un conflicto armado interno debido a la narcodelincuencia, el riesgo país en Ecuador ha experimentado una reducción notable de 160 puntos.
El riesgo país es un indicador crucial que evalúa las probabilidades de que un país incumpla con el pago de su deuda externa. Cuanto más alto sea el riesgo país, mayor es la percepción de los inversionistas de una posible falta de pago.
La disminución del riesgo país comenzó a mediados de diciembre, coincidiendo con cambios económicos implementados por el Gobierno, como la reforma tributaria que incluyó acciones como el pago anticipado de impuestos por parte de grandes empresas.
Esta tendencia se mantuvo el 12 de enero, cuando el presidente Noboa presentó a la Asamblea un nuevo proyecto de ley económico urgente para abordar el conflicto armado interno. Este proyecto propone aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 15%. El Gobierno justifica el incremento del IVA como una medida necesaria para financiar la declaratoria de «conflicto armado interno» y abordar el déficit fiscal heredado.
Sectores productivos respaldan el aumento del IVA, también demandan cambios estructurales, como la focalización de los subsidios a los combustibles, para abordar el déficit fiscal que alcanzó los USD 5,456 millones en 2023.
