Una estructura criminal dedicada a la extorsión fue desarticulada por la Fiscalía General del Estado y la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) de la Policía Nacional, durante un operativo en flagrancia realizado en el norte de Quito. La organización operaba desde una supuesta empresa tipo call center, ubicada en el tercer piso de un edificio en el sector La Carolina, bajo la fachada de “LKL-Wellcall”.
Gracias a información proporcionada por una fuente reservada, las autoridades descubrieron que la empresa habría ejecutado actos de extorsión dirigidos a ciudadanos de Ecuador, Colombia y México. La operación culminó con la detención de 39 personas, quienes fueron procesadas la noche del 26 de junio de 2025 en la Unidad Judicial Especializada en Corrupción y Crimen Organizado. A 39 de ellas se les dictó prisión preventiva, mientras que una mujer embarazada recibió medidas sustitutivas.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó pruebas recabadas en los allanamientos realizados el 25 de junio en las instalaciones del call center y en un departamento donde vivían los presuntos cabecillas: Xu J. y Gu X., ciudadanos chinos, señalados como líderes de esta estructura jerárquica.
El ecuatoriano Luis Geovanny C. R. habría fungido como director de talento humano, encargado del reclutamiento, entrega de chips telefónicos, coordinación de salarios (de aproximadamente 500 dólares mensuales) y enlace directo con cinco “líderes de segmento”, entre ellos Edwin Bryan P. A., responsable de distribuir contraseñas de la plataforma utilizada para las llamadas extorsivas y de repartir las bases de datos de las víctimas.
También fueron identificados como líderes: Roberto Andrés G. M., Nicole Tatiana D. L., Sandra Teresa J. M., Carlos Rodney Q. M. y Nayeli Elizabeth C. M.
La investigación reveló que esta red delictiva funcionaba como una verdadera industria de extorsión digital. Los operadores utilizaban una plataforma informática que almacenaba datos personales y fotografías de sus víctimas, las cuales eran manipuladas digitalmente para crear montajes con contenido sexual explícito. Luego, contactaban a las víctimas desde sus módulos, equipados con computadoras, y les enviaban amenazas, incluyendo imágenes violentas, exigiendo transferencias de dinero a cambio de no difundir el contenido.
Cada operador podía recibir bonificaciones si recaudaba más de 1.200 dólares al mes. Además, la empresa ofrecía préstamos sin autorización legal y posteriormente extorsionaba a quienes los solicitaban.
