Manabí aún espera la reconstrucción tras el terremoto. Las huellas que dejó la catástrofe siguen latentes en la provincia. Indignación y frustración en sus habitantes producto de una reconstrucción que nunca llegó y que siguen esperando.
Según fuentes oficiales, en Pedernales, el 16 de abril de 2016, 173 personas murieron en esta localidad, a causa del terremoto de magnitud 7,8.
«No alcanzamos a entender, nos ofrecieron la misma casa, pero no fue así«, detalló un residente de Pedernales.
Otro habitante de Pedernales expresó su descontento: «Le dijeron a mi bisabuela que se retirara de su casa para evitar una tragedia mayor, sin embargo, no la reubicaron ni le dieron otra vivienda, solo cercaron su terreno.»
Los sobrevivientes de la tragedia en esta ciudad, consideran que jugaron con sus esperanzas y se sienten engañados debido a que no han sido beneficiados del dinero que se recaudó con la Ley de Solidaridad, una ley que buscaba financiar la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto.
Luego de 7 años de la tragedia, se entregó el Hospital Básico de Especialidades Dr. Francisco Vásquez Balda, del cual se desviaron 8 millones de dólares en la realización de esta obra.
En la ejecución de esta obra estuvo involucrado un asambleísta de Manabí por el partido Alianza País, el cual estuvo en prisión.
Han pasado casi nueve años desde el terremoto que sacudió Ecuador el 16 de abril de 2016, y aún hoy, muchos continúan esperando ayuda. Otros lamentan que la tragedia haya sido utilizada para encubrir actos de corrupción.
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Manta y Portoviejo aún esperan la reconstrucción tras el terremoto
La corrupción también se entendió hasta Portoviejo, capital de Manabí. Según la Contraloría General del Estado, se priorizo la construcción del parque Las Vegas dejando de lado las viviendas de los afectados y la reconstrucción de la ciudad.
«Justifican diciendo que el parque ha reactivado la economía y en realidad no hay ninguna reactivación.«, comentó indignado un morador de la ciudad.
En Manta siguen esperando la ayuda de la Ley de Solidaridad. «Hasta el día de hoy no hemos recibido un solo centavo«, detalló una afectada de la ciudad costera.
«Nunca me dieron agua ni víveres, el dinero recaudado favoreció a mucha gente que no le pasó nada», indicó una habitante de Manta.
En el 2019, la Contraloría del Estado determinó anomalías en el contrato que se encargaba de la ejecución de la obra vía Manta – Colisa.
«En esta vía se gastaron 108 millones de dólares. Con esa cantidad de dinero se pudo haber construido 10.800 viviendas para las víctimas del terremoto«, expresó otro habitante de la ciudad.
Tras el terremoto de 2016 en Manabí y Esmeraldas, muchas familias lamentan el desvío de recursos y la falta de prioridad en la atención a los afectados.
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Irregularidades en las propuestas para reconstruir las provincias afectadas
Para levantar las provincias afectadas por el terremoto, el gobierno de Rafael Correa propuso la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, en ella, se designó el aumento del IVA del 12% al 14% durante un año, el descuento de un día de salario a quienes tuvieran ingresos superiores a mil dólares al mes, entre otras medidas.
Otra de las propuestas del gobierno del expresidente Rafael Correa fue la creación del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva de Manabí y Esmeraldas.
Este comité tenía como objetivo principal implementar políticas, programas y proyectos para reconstruir la infraestructura, reactivar la economía y el empleo, y mejorar la calidad de vida de los afectados.
Para 2017, el comité de la reconstrucción tenía programado un plan para distribuir los recursos hacía los damnificados. Sin embargo, muchas familias siguen esperando al día de hoy los beneficios de la Ley de Solidaridad y del Comité de Reconstrucción.
Jorge Glas, vicepresidente durante el mandato de Correa, estuvo encargado del Comité de Reconstrucción, no obstante, se encuentra acusado por malversación de fondos por la Fiscalía General del Estado.
La ley de solidaridad recaudó 1614 millones de dólares, según la fiscalía, este dinero se invirtió en proyectos que no eran prioritarios.
Mientras la justicia busca sancionar a los responsables por el desvío de fondos, los perjudicados lamentan que su tragedia haya servido como plataforma para la corrupción.
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