El Presidente de la República, Daniel Noboa, remitió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley con el objetivo de desarticular el financiamiento del crimen organizado en el país. La propuesta, denominada Proyecto de Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, busca establecer regulaciones estrictas para combatir el lavado de activos y otras operaciones ilegales que impactan la economía ecuatoriana.
Noboa destacó que, durante años, el financiamiento al narcotráfico se ha ocultado bajo actividades «legales», y que muchos de quienes deberían combatir estos delitos han gozado de impunidad. Con este proyecto, el Primer Mandatario espera dar un golpe certero a las economías de los grupos criminales, atacando específicamente el uso de bienes y actividades que han sido utilizados como fachada para introducir dinero ilícito en el sistema financiero.
Entre los puntos clave de la iniciativa legislativa se encuentra el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), institución crucial en el rastreo y control de capitales ilícitos. Esta medida busca impedir que recursos provenientes del crimen organizado ingresen a la economía del país, afectando sectores como el mercado de vehículos de lujo, el deporte y la gestión de radares de tránsito.
«Queremos que se deje de lavar dinero con esos carros de alta gama que todos hemos visto en patios irregulares; que se detenga el uso de equipos de fútbol como método para introducir dinero ilícito, y que consorcios de radares dejen de cobrar multas injustificadas a los ecuatorianos para enriquecerse,» expresó Noboa a través de su cuenta en la red social X.
Para que el proyecto avance en la Asamblea Nacional, se requieren cuatro votos de los legisladores de la Comisión de Seguridad. Los asambleístas Viviana Veloz (RC5), Otto Vera (PSC), Eckner Recalde (ADN), Esther Cuesta (RC5), Diego Matovelle (ADN), Alexandra Castillo y Jorge Acaiturri (PSC) tienen la responsabilidad de decidir si califican esta propuesta, la cual representa una de las herramientas más importantes del Gobierno para combatir las finanzas del crimen organizado en Ecuador.
