En la Corte Nacional de Justicia, en presencia del fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga, se reinstaló la audiencia de juicio contra 13 procesados por presunta delincuencia organizada en el caso Purga. En el día de hoy, lunes 3 de marzo del 2025, el Tribunal de la Sala Penal emitió su fallo final, condenando a tres de los principales implicados a una pena de 13 años y 4 meses de prisión.
Los sentenciados, Pablo M., Fabiola G. y Johan M., fueron declarados culpables (autores directos) de liderar una estructura de delincuencia organizada que operaba a nivel nacional. La sentencia incluye una agravante, al considerar la peligrosidad y el impacto negativo de sus actividades en la sociedad.
En cambio, a Reinaldo C., Henry T., Nelson P., Guillermo V. y Juan R., el Tribunal les dictó una pena de 9 años y 4 meses de cárcel como colaboradores; para Alberto L. y Ruth S. (por su cooperación eficaz), un año y 4 meses de prisión.
El Tribunal también dispone que los condenados paguen una multa de cuarenta salarios básicos unificados (USD 18.800) y los colaboradores, veinte salarios básicos unificados (USD 9.400).
Además, los jueces ordenan la pérdida de derechos de participación por 20 años para los líderes y por 15 años para los sentenciados como colaboradores.
En la resolución, se ratificó la inocencia de Fausto A., Andrea P. y Saúl M., por lo que se levantaron las medidas cautelares en su contra.
Antecedentes
Entre 2022 y 2023, una presunta red de corrupción liderada por un legislador, dos jueces y una funcionaria judicial manipuló la administración de justicia en Guayas para obtener beneficios ilícitos.
Según el dictamen fiscal, todo inició en 2021 cuando Pablo M., entonces asambleísta, tenía vínculos cercanos con Fabiola G. y Johann M., jueces provinciales. El objetivo era que Fabiola G. asumiera la presidencia de la Corte Provincial, para lo cual Mercedes V., directora del Consejo de la Judicatura de Guayas, contrató a Mayra S. para manejar su imagen, con financiamiento de Pablo M.
En 2022, Fabiola G. fue designada presidenta. Desde ese cargo, junto con Pablo M., Mercedes V. y Johann M., habrían controlado decisiones judiciales y la administración de la Corte, favoreciendo intereses ilícitos. También habrían usado troll centers para defender sus acciones y atacar a opositores.
Además, esta estructura intervino en casos relevantes con ayuda de los otros quince colaboradores procesados, quienes habrían manipulado varios procesos judiciales.
