La Fiscalía General del Estado vinculó a 11 personas y una empresa al proceso por el presunto delito de almacenamiento, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en zonas fronterizas, puertos marítimos y fluviales, así como en el mar territorial ecuatoriano.
La decisión se tomó luego de que, durante la instrucción fiscal, se encontraran nuevos elementos que hacen presumir la participación de más personas en las actividades investigadas. Tras la audiencia de formulación de cargos, el juez dictó medidas cautelares para Aquiles Álvarez, Juan Carlos A., Juan Dionisio A., Gloria S., Rosa O., Edgar F., María C., Fausto V., Olga O. y Edgar C., quienes deberán presentarse dos veces por semana en la Fiscalía de su lugar de residencia, no podrán salir del país y deberán portar grillete electrónico.
En el caso de Raúl Z., se ordenó su presentación periódica en la dependencia consular de Ecuador en Nueva York. Además, el magistrado dispuso la suspensión temporal de actividades de la empresa Harsajudi S. A.
Con estas vinculaciones, ya son 16 personas naturales y seis jurídicas las involucradas en el caso, luego de que en diciembre de 2024 se formularan los primeros cargos. La instrucción fiscal se extenderá por 30 días más.
El proceso judicial se originó tras una denuncia presentada el 12 de julio de 2024 por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en la que se reportó una irregular distribución y comercialización de combustibles. Según la denuncia, habría diferencias considerables entre el volumen despachado y el facturado por varias estaciones de servicio y empresas comercializadoras.
Entre las irregularidades detectadas, la Fiscalía señaló la existencia de relaciones comerciales entre compañías involucradas, en las que se vendieron grandes cantidades de diésel subsidiado, principalmente en cantones fronterizos y zonas mineras. En uno de los casos más llamativos, una estación con capacidad para almacenar 10.000 galones habría adquirido más de siete millones de galones entre 2023 y 2024, con una inconsistencia de 2.7 millones de galones no justificados.
También se detectaron prácticas anómalas como la venta de diésel y gasolina extra a un mismo vehículo, lo cual es técnicamente inviable, y la comercialización de combustible a automotores con placas inexistentes.
El Fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, a cargo del caso, indicó que se habrían realizado operaciones comerciales no autorizadas, desviando hidrocarburos subsidiados hacia los sectores industrial y marítimo, lo que habría provocado un perjuicio económico al Estado.
