El Gobierno Nacional dio un nuevo paso en su estrategia fiscal: el Servicio de Rentas Internas (SRI) ejecuta un plan de control masivo para asegurar el pago del Impuesto a la Renta Único (IRU) sobre la utilidad generada en la venta de acciones, con el objetivo de cerrar brechas de evasión y fortalecer las finanzas públicas.
“El SRI ha identificado un universo de más de 6.000 contribuyentes que no han declarado este impuesto, pese a que ya existen procesos abiertos”, señalaron fuentes del ente tributario. El IRU grava con un 10% la ganancia obtenida por la transferencia de acciones. Si bien unos 300 contribuyentes han cumplido voluntariamente con esta obligación, generando en promedio USD 30 millones anuales, el potencial de recaudación para este 2025 se estima en al menos USD 50 millones.
Sanciones a evasores advierte el SRI
Los controles apuntan especialmente a grandes patrimonios que manejan participaciones societarias, un segmento históricamente opaco en su relación con el fisco. “Vamos a sancionar con firmeza toda forma de simulación, ocultamiento o engaño que evada las obligaciones tributarias”, advirtió el SRI, recordando que el Código Penal sanciona este tipo de delitos con hasta 10 años de cárcel.
El organismo también anunció la reactivación del convenio de cooperación con la Superintendencia de Compañías, instrumento clave para el cruce de información financiera que había sido dejado sin efecto por administraciones anteriores. Este acuerdo permitirá detectar omisiones y subdeclaraciones en la transferencia de acciones y el reparto de dividendos.
Además, el SRI puso la lupa sobre una cifra reveladora: más de USD 29.000 millones en dividendos no distribuidos entre accionistas, que podrían implicar un significativo potencial recaudatorio si no se oculta o posterga su pago.
Esta acción se enmarca en una política tributaria del régimen Noboa orientada a aumentar la eficiencia recaudatoria y combatir el fraude de grandes contribuyentes, como parte de una ofensiva institucional para corregir los desequilibrios fiscales heredados. El Gobierno ha reiterado su compromiso con una política de justicia tributaria basada en transparencia, responsabilidad y cumplimiento.
