Las operaciones ejecutadas hasta el 10 de septiembre también dejaron 1.748 bocaminas destruidas y cientos de maquinarias inutilizadas en distintas zonas del país.
Las fuerzas de seguridad de Ecuador destruyeron 1.119 campamentos vinculados presuntamente con minería ilegal entre enero y el 10 de septiembre de 2026. Las intervenciones se concentraron en zonas donde operan estructuras criminales dedicadas a la extracción ilícita de minerales.
El Ministerio de Defensa calcula que estas acciones provocaron una afectación económica de USD 4.659 millones a organizaciones delictivas. La minería ilegal se ha convertido en una de las actividades utilizadas por estos grupos para financiar sus operaciones, junto con el narcotráfico y otras economías ilícitas.
El balance incluye además 1.748 bocaminas destruidas, 590 retroexcavadoras, 537 clasificadoras y 395 dragas inutilizadas. A esto se suma el decomiso de 54.954 sacos de material aurífero, cifras que muestran la magnitud de la infraestructura utilizada para sostener esta actividad.
La ofensiva también apunta a la maquinaria y los puntos de extracción
Las operaciones no se han limitado a desmantelar campamentos. Las fuerzas de seguridad también han intervenido accesos, equipos y sistemas usados para mantener la extracción ilegal en diferentes territorios del país.
La destrucción de bocaminas y maquinaria busca reducir la capacidad operativa de estas estructuras y dificultar que retomen sus actividades. El Gobierno sostiene que este tipo de acciones también golpea directamente las fuentes de financiamiento del crimen organizado.
Alto Punino se mantiene como uno de los puntos críticos
El Gobierno de Daniel Noboa intensificó las operaciones después de los hechos registrados en mayo de 2025 en Alto Punino, en la Amazonía ecuatoriana. Durante una intervención contra la minería ilegal, 11 militares perdieron la vida en una emboscada atribuida por las autoridades a los Comandos de la Frontera.
Según el Gobierno ecuatoriano, esta estructura mantiene vínculos con Los Lobos para explotar enclaves de minería ilegal. Tras lo ocurrido, el presidente Daniel Noboa declaró a los Comandos de la Frontera como organización terrorista junto con otras dos disidencias de las antiguas FARC.
Cooperación internacional se suma a las operaciones en territorio
Alto Punino volvió a ser escenario de una operación el 7 de septiembre, cuando una aeronave MV-22B Osprey de los Marines de Estados Unidos apoyó las acciones de las Fuerzas Armadas ecuatorianas en la zona.
La participación estadounidense forma parte de la cooperación contra grupos criminales que operan en Ecuador y que han diversificado sus fuentes de ingresos. Además del narcotráfico, estas estructuras también participan en minería ilegal, extorsión y secuestros.
La expansión de estas actividades representa además un desafío territorial, especialmente en zonas de la Amazonía y sectores próximos a las fronteras con Colombia y Perú. El objetivo de las operaciones es reducir tanto la infraestructura como los recursos económicos que sostienen a estos grupos.
