Estados Unidos anunció este jueves que ha llegado a un acuerdo con el gobierno del mandatario Nicolás Maduro para «la repatriación directa» de venezolanos a su país.
El presidente demócrata Joe Biden, candidato a su reelección en las presidenciales de 2024, se ve sometido a una fuerte presión, no solo de los republicanos, que le acusan de haber causado una crisis migratoria en la frontera con México, sino también de algunos demócratas al frente de ciudades desbordadas por la llegada de migrantes.
Según datos oficiales, la patrulla fronteriza ha interceptado a venezolanos más de 100.000 veces en la frontera con México desde mayo hasta finales de agosto de este año. En el mismo periodo del año anterior la cifra fue de alrededor de 43.000.
Ante este panorama, Biden ofreció amparo migratorio a 472.000 venezolanos durante 18 meses para que puedan obtener permiso de residencia y trabajo. Pero solo se aplica a los que llegaran al país antes del 31 de julio de 2023.
Aquellos que llegaran después de esa fecha y no tengan «una base legal» para permanecer en Estados Unidos serán expulsados.
«Estados Unidos reanudará las repatriaciones a Venezuela de venezolanos que no tienen base legal para permanecer en Estados Unidos», afirma el Departamento de Seguridad Interior en un comunicado, que asegura que «las autoridades de Venezuela» han dado su visto bueno.
En un comunicado, el gobierno de Maduro confirma el acuerdo que permite «la repatriación ordenada, segura, y legal de ciudadanos venezolanos desde los Estados Unidos a través del programa «Vuelta a la Patria»».
La deportación comenzará «rápidamente», afirmó un funcionario estadounidense que pidió el anonimato en una rueda de prensa telefónica.
«Ya hemos identificado a personas bajo custodia que serán expulsadas rápidamente en los próximos días», dijo, especificando que todas ellas «no han podido demostrar que tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos».
Sanciones
El alto cargo no quiso entrar en detalles sobre las negociaciones con el gobierno de Maduro, sometido a sanciones de Washington por considerar fraudulenta su reelección en 2018.
Haciendo referencia a las sanciones estadounidenses, Caracas atribuye la migración a la «aplicación de medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo» de la economía.
Desde hace un tiempo, el gobierno estadounidense se ha mostrado dispuesto a levantar de manera progresiva las sanciones financieras que impuso al país si se alcanzan acuerdos entre Maduro y la oposición para las elecciones previstas el próximo año.
Washington pide que las elecciones, en las que Maduro aspira a la reelección, sean «libres y justas».
Unos 7 millones de los 30 millones de venezolanos han emigrado del país como consecuencia de una crisis que provocó una reducción del 80% del PIB en 10 años.
El gobierno estadounidense ha puesto en marcha una serie de «vías legales» para que los migrantes entren en el país e insta a los venezolanos a utilizarlas.
«Cientos de miles de venezolanos» han entrado en el país mediante un mecanismo humanitario o pidiendo cita a través de una aplicación móvil, informó el DHS.
El anuncio de este jueves llega tras una cumbre migratoria regional acogida por México, que contó con la participación de Estados Unidos, México, Colombia y Panamá.
«La inmigración irregular es un reto regional que requiere una respuesta regional», afirma el DHS.
