El Gobierno de México reiteró su pedido oficial al Estado ecuatoriano para que se conceda un salvoconducto a Jorge Glas Espinel, exvicepresidente del correísmo, condenado por tres casos de corrupción y actualmente recluido en una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil.
La solicitud fue transmitida mediante la Confederación Suiza, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México en un comunicado. La gestión se basa en el argumento de un “delicado estado de salud” del exfuncionario y en los artículos IX, XII, XIII y XIX de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, un tratado internacional suscrito tanto por México como por Ecuador.
Además, México exigió a Ecuador adoptar medidas humanitarias urgentes para garantizar la integridad de Glas y pidió que se respeten las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en febrero de 2025.
Pese a que Jorge Glas fue sentenciado a prisión por actos de corrupción, el gobierno mexicano le otorgó asilo diplomático el 4 de abril de 2024, alegando principios humanitarios y el derecho al asilo ante supuesta persecución política. La cancillería mexicana justificó su decisión en un análisis técnico y jurídico, citando los artículos I, IV y IX de la misma Convención de Caracas.
Condenas y antecedentes penales de Jorge Glas
Glas enfrenta tres sentencias firmes por corrupción, incluida la más reciente por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí, relacionado con el mal uso de fondos públicos destinados a reparar los daños del terremoto del 16 de abril de 2016. La justicia ecuatoriana determinó que, junto a Carlos Bernal —exsecretario de la Reconstrucción—, desvió recursos en beneficio de terceros, incluyendo familiares de Bernal.
Durante la audiencia de lectura de sentencia, la jueza Mercedes Caicedo afirmó que ambos exfuncionarios “utilizaron de forma indebida los recursos recaudados mediante la Ley de Solidaridad” y que priorizaron obras no relacionadas con la reconstrucción, configurando así el delito de peculado.
Ambos fueron inhabilitados de por vida para ocupar cargos públicos y se les prohibió participar políticamente durante 25 años.
A pesar de este historial delictivo, el gobierno mexicano mantiene su intención de trasladar a Jorge Glas fuera del país, lo que ha generado fuertes cuestionamientos en la opinión pública y entre las autoridades ecuatorianas.
