El Consejo de Administración Legislativa (CAL), aceptó a trámite el juicio político en contra de tres exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor, Yadira Saltos, integrantes de la denominada ‘Liga Azul‘, y la consejera Nicole Bonifaz.
Los cuatro están acusados de un supuesto incumplimiento de funciones, «al votar y aprobar, el 22 de enero de 2025, en su calidad del consejeros del CPCCS, una interpretación errada, inconstitucional e ilegal de la Sentencia Nro. 372-23-EP/24, emitida por la Corte Constitucional del Ecuador, contraria al contenido textual de la sentencia, revocando la posesión como Superintendente de Bancos, Roberto José Romero Von Buchwald, para posesionar en este cargo al Raúl Agustín González Carrión», señala la interpelación presentada por el asambleísta Fausto Fernández, del movimiento ADN.
«Es deber de todo funcionario público el respeto a la Constitución y de todo el ordenamiento jurídico, y además la obligación de rendir cuentas por las acciones u omisiones; al ser consecuencia, sujeto de control político», añade.
Entre los documentos entregados a la Asamblea para sustentar el pedido de juicio político consta una moción presentada por Augusto Verduga durante la sesión del 22 de enero. En esta propuesta se ratifica la designación de Raúl González Carrión como autoridad de la Superintendencia de Bancos, con un período de cinco años, contado desde agosto de 2022.
También se reconoce la validez del nombramiento de Roberto Romero Von Buchwald, pero con vigencia posterior al período de González. El objetivo, según el texto, era «no afectar las expectativas legítimas de Romero».
Verduga, Franco Loor y Saltos, junto con la consejera Bonifaz votaron a favor de la moción. Con esa votación, el pleno del CPCCS dio paso a la posesión de González Carrión.
El expediente señala que esta decisión fue adoptada con base en una interpretación de una sentencia constitucional. La acusación plantea que esa atribución no correspondía al CPCCS.
En el expediente también se incluyen conversaciones recogidas en el caso conocido como ‘Ligados’, que «mostrarían una coordinación para actuar sobre instituciones como la Superintendencia de Bancos y el Consejo de la Judicatura».
La solicitud fue remitida a la Comisión de Fiscalización para su trámite correspondiente.
