Lo que debía ser un acto de transparencia terminó convertido en uno de los mayores escándalos de manejo de información sensible en la historia reciente de Estados Unidos. El Departamento de Justicia (DOJ) enfrenta señalamientos documentados de haber expuesto a víctimas del caso Epstein mientras protegía a presuntos cómplices poderosos, en flagrante contradicción con la ley que el propio Congreso aprobó para forzar la divulgación del expediente.
Lo que exige la ley
La Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, firmada por Trump en noviembre de 2025, obligaba al DOJ a publicar todos los registros no clasificados relacionados con Epstein antes del 19 de diciembre de 2025. La norma es explícita: prohíbe tachar información por «vergüenza, daño reputacional o sensibilidad política» de cualquier funcionario, figura pública o dignatario extranjero, y solo permite censurar datos para proteger la identidad de las víctimas.
«La violación más grave de la privacidad de las víctimas en un solo día»
El 30 de enero de 2026, el DOJ publicó más de tres millones de páginas, incluidos más de 2.000 videos y 180.000 imágenes. Pero el resultado fue devastador para los sobrevivientes: los abogados Brittany Henderson y Brad Edwards, representantes de cientos de víctimas, denunciaron que la agencia cometió «posiblemente la violación más grave de la privacidad de las víctimas en un solo día en la historia de Estados Unidos». Nombres, direcciones de correo y hasta fotografías de mujeres —algunas que nunca habían hecho pública su condición de víctimas— quedaron expuestos sin censura alguna.
Mientras tanto, los poderosos quedaron protegidos
En una carta enviada a la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO), legisladores señalaron una contradicción alarmante: mientras se exponían los datos de las víctimas, el DOJ «parece haber tachado fuertemente» los registros que identifican a figuras de negocios y política señaladas como presuntas cómplices o testigos materiales del caso.
Documentos retirados sin explicación, vinculados a Trump
Tras la publicación, el DOJ retiró miles de registros de su propio sitio web sin dar explicaciones, incluidos documentos relacionados con señalamientos contra el propio presidente Donald Trump. En febrero, el medio MS NOW confirmó que la agencia había ocultado decenas de páginas de notas del FBI correspondientes a entrevistas con una mujer que acusó a Trump de abuso sexual cuando ella era adolescente, tras haber sido presentada por Epstein.
Un juez ya falló en contra del DOJ
El juez federal Emmet Sullivan ordenó al Departamento de Justicia entregar versiones sin censurar de parte de los archivos, o explicar por qué fueron retenidos, tras concluir que la administración Trump probablemente violó los términos de la ley de transparencia. El DOJ se negó a cumplir totalmente, y uno de sus funcionarios, Stanley Woodward, pidió una prórroga de 60 días o que se aceptaran sus justificaciones sin más trámite.
La fiscal general, destituida en medio del escándalo
La entonces fiscal general Pam Bondi fue removida de su cargo por Trump el 2 de abril de 2026, luego de reportes de que el propio mandatario estaba insatisfecho con su manejo del expediente. Bondi, además, se negó en varias ocasiones a responder preguntas del Congreso bajo juramento sobre cómo se condujo la revisión de los documentos.
«Desacato inherente»: la amenaza que podría llevar a la cárcel a funcionarios
Ante el patrón de incumplimientos, los representantes Ro Khanna (demócrata) y Thomas Massie (republicano), autores de la ley original, impulsan junto a otros legisladores el mecanismo de «desacato inherente», una facultad constitucional del Congreso —usada por última vez en la década de 1930— que permitiría multar o incluso detener a los funcionarios que sigan obstruyendo la entrega completa del expediente. «Las sobrevivientes merecen justicia», declaró uno de los legisladores impulsores de la medida.
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