El senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe continúa en cuidados intensivos más de cinco semanas después de sufrir un brutal atentado, pero según el último informe médico, su condición es clínicamente estable y muestra una evolución favorable.
El ataque ocurrió el pasado 7 de junio, cuando un adolescente de 15 años, actuando como sicario, le disparó en la cabeza durante un mitin político en Bogotá. El congresista de 39 años, perteneciente al partido derechista Centro Democrático, recibió dos impactos de bala en la cabeza y uno en la pierna.
Múltiples cirugías y vigilancia médica permanente
Desde entonces, Uribe ha sido sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas. Aunque continúa sedado, intubado y con ventilación mecánica, la clínica informó que ha presentado respuestas positivas tanto en las imágenes diagnósticas como a las intervenciones médicas recientes.
El senador permanecerá bajo monitoreo hemodinámico y neurológico, y será sometido a un proceso de neurorehabilitación. A pesar de los avances, el pronóstico médico sigue siendo reservado.
Testimonio de su esposa
En una entrevista concedida a Caracol Televisión, María Claudia Tarazona, esposa del senador, relató cómo vive este momento de incertidumbre:
“Esto cambia tan rápido y es tan difícil que yo ni siquiera pregunto qué va a pasar mañana. Veo a Miguel con vida, su cuerpo caliente, su corazón latiendo, su respiración… y con eso me quedo cada día”.
Cinco detenidos por el atentado
Las autoridades colombianas han capturado hasta el momento a cinco personas relacionadas con el atentado. Entre ellas se encuentra Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño”, identificado como uno de los cerebros logísticos del ataque y figura clave para dar con los autores intelectuales.
Además del menor que ejecutó el atentado, otros tres implicados enfrentan cargos por intento de homicidio y porte ilegal de armas.
El caso ha generado un fuerte impacto en la opinión pública colombiana y ha reavivado el debate sobre la seguridad política, el uso de menores en redes criminales y la protección a candidatos presidenciales en Colombia.
