La Corte Constitucional inadmitió las acciones públicas de inconstitucionalidad presentadas en contra del Decreto Ejecutivo 457, por el cual el presidente Daniel Noboa designó a Sariha Moya como vicepresidenta encargada de la República.
El organismo judicial determinó que el Decreto impugnado no puede ser objeto de impugnación a través de esta vía, ya que no se trata de un acto normativo general ni de un acto administrativo con efectos generales, según lo establece el artículo 98 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Por lo tanto, la Corte concluyó que no es competente para conocer este tipo de recursos en este contexto.
El Decreto que designó a Moya como vicepresidenta encargada se dio a conocer tres días después de que el Ministerio de Trabajo suspendiera a Verónica Abad por un periodo de 150 días.
En cuanto a una consulta realizada por la Asamblea Nacional sobre los artículos de la Constitución relacionados con la Vicepresidencia, la Corte resolvió que no es necesario emitir una interpretación adicional.
Este dictamen, que contó con ocho votos a favor, reafirmó la precisión de las causales previstas en el artículo 146 de la Constitución.
