El Departamento de Seguridad Nacional los describe como un «dispositivo de desescalada», pero organizaciones civiles denuncian que buscan dar a los agentes migratorios «la capacidad de torturar a la gente discretamente».
El Gobierno de Estados Unidos planea gastar unos USD 20 millones en guantes capaces de dar descargas eléctricas para equipar a sus agentes de inmigración, una medida que encendió las alarmas de organizaciones civiles en medio del recrudecimiento de las tácticas contra los migrantes en el país.
Los guantes CTG-5
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el 10 de agosto que el contrato para adquirir los guantes CTG-5 alcanzaría los USD 20 millones, con una compra que podría completarse a finales de marzo de 2027. El dispositivo tiene electrodos conductores en la palma de la mano que generan una descarga eléctrica dolorosa al contacto con la piel, aunque no funcionan a través de la ropa.
Un «dispositivo de desescalada», según el Gobierno
La intención del DHS es distribuir los guantes entre agentes del Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que ya han recibido numerosas críticas por sus operativos de detención bajo la administración Trump. El organismo los describió como un «dispositivo de desescalada», aunque esto no evitó que creciera la preocupación por que los agentes cuenten con otra herramienta de fuerza. «ICE evalúa constantemente las necesidades de nuestros agentes en el terreno», declaró el DHS en un comunicado.
«La capacidad de torturar discretamente»
La Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON), que denuncia un «ensañamiento» contra los trabajadores migrantes, acusó a la administración Trump de querer tener «la capacidad de torturar a la gente discretamente». Su director, Jorge Torres, fue más allá: «El ICE debe salir de nuestras calles (…) hay que abolir el ICE».
Un contexto de creciente violencia
La polémica en torno al ICE se ha intensificado tras dos tiroteos mortales contra migrantes este año —el mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Texas y el colombiano Johan Durán Guerrero en Maine— y las muertes de dos ciudadanos estadounidenses durante operativos en Mineápolis a inicios de 2026, casos que ya provocaron protestas masivas y demandas de mayor control sobre la agencia.
