Con 84 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, remitido por el Ejecutivo con carácter de urgente en materia económica. La normativa busca erradicar la violencia, la corrupción en todos los niveles del sector público, mejorar la eficiencia institucional y asegurar que los bienes y servicios del Estado respondan a las necesidades ciudadanas.
Durante el debate, se incorporaron elementos presentados por el asambleísta Andrés Castillo, como el balance general del Banco Central del Ecuador, medidas de expulsión y prohibición de retorno al país, la deportación de extranjeros en el contexto del conflicto armado interno y la designación de miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria.
La ley aborda cuatro ejes fundamentales: contratación pública, fortalecimiento institucional, gestión pública integral y erradicación de redes delictivas que afectan a la niñez.
La legisladora Valentina Centeno, ponente del informe, destacó que se trata de una ley «necesaria, justa e inédita», que reforma cerca de 20 cuerpos normativos y se enfoca en la protección de la vida y la dignidad humana.
“Esta ley es un paso clave en la búsqueda de un Ecuador justo, transparente e íntegro. Envía un mensaje claro: en este país, se acabó la fiesta para los corruptos y los delincuentes”, afirmó Centeno.
