Este lunes 29 de julio de 2024, la Presidencia de la República anunció en un comunicado que demandará por inconstitucionalidad la decisión de la Asamblea Nacional de enviar al Registro Oficial el proyecto de Ley de Lavado de Activos para su publicación. Según la Presidencia, esta decisión carece de fundamento, ya que se presentó un veto presidencial oportunamente.
La objeción parcial por inconstitucionalidad fue enviada por el Ejecutivo el 25 de julio de 2024, dentro del plazo establecido por el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Este veto tenía como objetivo asegurar que la designación del Director de la Unidad de Análisis Financiero sea una decisión técnica, libre de influencias políticas. Sin embargo, la Asamblea Nacional ha desconocido arbitrariamente esta observación.
El proyecto de ley fue recibido el 25 de junio de 2024, tal como consta en la fe de recepción emitida y entregada a la Secretaría General de la Asamblea Nacional por la Presidencia de la República. La Presidencia considera que argumentar lo contrario atenta contra la buena fe, la racionalidad y la confianza legítima.
El Gobierno Nacional reafirmó su compromiso de garantizar regulaciones de calidad que ayuden a enfrentar la corrupción y la delincuencia organizada. Entre estas acciones se incluye la demanda de inconstitucionalidad en caso de que la ley sea promulgada.
La Presidencia concluyó en el comunicado que el país no puede permitirse más leyes mal construidas que no respondan a la realidad ecuatoriana.
