La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela ha emitido una grave advertencia sobre la situación de derechos humanos en el país sudamericano, en el contexto de la creciente violencia y las denuncias de represión tras las recientes elecciones presidenciales del domingo.
En un comunicado difundido este miércoles, 31 de julio de 2024, la Misión expresó su profunda preocupación por los informes sobre detenciones arbitrarias, personas heridas y muertes relacionadas con las protestas que estallaron después del anuncio parcial de los resultados electorales. Miles de ciudadanos, incluidos hombres, mujeres, niños y adultos mayores, han salido a las calles para expresar su desacuerdo con el proceso electoral.
El informe señala que se han registrado incidentes de violencia en al menos 17 de los 23 estados del país y en el distrito capital, perpetrados tanto por cuerpos de seguridad como por grupos de civiles armados que apoyan al Gobierno, conocidos como colectivos. Los expertos de la Misión han recibido información creíble sobre abusos, pero el gobierno aún no ha proporcionado datos oficiales sobre las muertes. Hasta el momento, la Misión ha documentado al menos seis fallecimientos, mientras que el Fiscal General ha reportado la muerte de un miembro de las fuerzas armadas y 46 heridos entre militares y policías.
Además, el Ministerio Público ha confirmado la detención de 749 personas desde las elecciones. Aunque algunas han sido liberadas, otras enfrentan graves imputaciones, incluidas acusaciones de terrorismo. La Misión ha expresado su inquietud por la reciente ola de persecución contra líderes y lideresas de la oposición, señalando que esta represión podría socavar las libertades públicas y el derecho a la participación política.
Patricia Tappatá, experta de la Misión, denunció la reactivación de «la maquinaria represiva» que, según ella, nunca fue desmantelada y ahora se utiliza para atacar a la oposición. En particular, la detención del Coordinador de Voluntad Popular, Freddy Superlano, y dos acompañantes, presuntamente a manos de miembros del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), ha generado alarma. La Misión también ha informado sobre la detención reciente de otros cuatro dirigentes opositores y una investigación en curso contra la principal lideresa opositora, María Corina Machado, por un presunto ataque cibernético contra el Consejo Nacional Electoral.
Francisco Cox, otro miembro de la Misión, subrayó la necesidad de una investigación independiente, expedita e imparcial sobre todas las alegaciones de violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos. «Toda detención debe cumplir con los estándares internacionales sobre el debido proceso», afirmó Cox.
La Misión Internacional ha prometido continuar con su vigilancia y análisis sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela, comprometiéndose a investigar las fuerzas y los individuos responsables de los abusos en el contexto post-electoral.
