El gobierno boliviano presentó este jueves una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales, acusándolo de terrorismo y otros siete delitos, luego de la difusión de un presunto audio en el que se le atribuye la orden de bloquear el acceso a La Paz, capital administrativa del país.
La denuncia fue formalizada ante la Fiscalía General del Estado por el ministro de Justicia, César Siles, quien detalló que los delitos imputados incluyen terrorismo, instigación pública a delinquir, atentados contra la seguridad de los servicios públicos, obstrucción de procesos electorales, entre otros. De comprobarse el cargo de terrorismo, Morales podría enfrentar una pena de 15 a 20 años de prisión, según el Código Penal boliviano.
“Hemos pedido al Ministerio Público que actúe con celeridad y que admita esta denuncia lo antes posible”, declaró Siles en rueda de prensa.
Protestas y bloqueos paralizan Bolivia
Desde hace cuatro días, simpatizantes de Morales han bloqueado más de 40 puntos estratégicos en el país, principalmente en Cochabamba, su bastión político. Las protestas exigen la renuncia del presidente Luis Arce, a quien acusan de provocar la actual crisis económica y de utilizar a la justicia y al órgano electoral para excluir a Morales de las elecciones generales del 17 de agosto de 2025.
La tensión aumentó tras la divulgación de un presunto audio telefónico, difundido por un exdirigente cercano al exmandatario, en el que se escucha una voz —atribuida a Morales— ordenando cerrar dos importantes rutas hacia La Paz. Esta grabación fue clave para que el gobierno formalizara la denuncia.
Morales, fuera de la carrera electoral
Evo Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, no logró inscribir su candidatura presidencial antes del plazo límite, por no contar con un partido político habilitado. Además, un fallo judicial vigente impide más de una reelección presidencial, lo que también bloquea sus aspiraciones políticas.
Actualmente, Morales se encuentra en la zona del Chapare, en Cochabamba, donde reside desde octubre bajo protección de sus seguidores, y enfrenta también una orden de captura por un caso de presunta trata de una menor, que él ha negado.
En sus redes sociales, Morales reaccionó a la nueva denuncia diciendo:
“Un nuevo proceso se suma a los trece que el gobierno de Arce me inició en estos últimos meses. Esta persecución no detendrá los reclamos del pueblo”.
Crisis económica como telón de fondo
Desde 2023, Bolivia atraviesa una grave crisis económica, marcada por la escasez de dólares y combustibles. El gobierno ha agotado sus reservas internacionales líquidas para seguir importando carburantes, que se venden a precios subsidiados.
Este deterioro económico ha generado un fuerte descontento social, especialmente entre los sectores que respaldan a Morales, quienes ven en la situación un argumento más para exigir la salida del presidente Arce.
Una acusación que recuerda al pasado
La situación actual evoca lo ocurrido en noviembre de 2019, cuando el gobierno transitorio de Jeanine Áñez también denunció a Morales por terrorismo. En aquel entonces, se presentó un video con una supuesta llamada telefónica del exmandatario en la que instruía a sus seguidores a bloquear caminos. El caso no prosperó y fue archivado tras el regreso del MAS al poder con Luis Arce.
